San Luis Potosí, S.L.P., jueves 24 de julio de 2025.- Pese a tratarse de un evento financiado con recursos públicos federales, autoridades municipales de Tanlajás y representantes del gobierno federal negaron el acceso a representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y a autoridades comunitarias de Piaxtla de Tancanhuitz de Santos y Coromohom, durante la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
El acto formó parte de la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), y fue resguardado por elementos de la policía municipal. Según denunciaron integrantes del CNPI, seis consejeros nacionales indígenas no fueron convocados ni considerados en el presídium del evento.
El Observatorio Indígena Mesoamericano, a través del cual se difundieron los hechos, señaló que uno de los incidentes ocurrió cuando la consejera náhuatl Angelina Reyes fue retenida a las afueras del recinto por más de veinte minutos. El acceso le fue restringido por personal de seguridad, a pesar de contar con calidad de autoridad comunitaria en Piaxtla.
El operativo fue implementado bajo órdenes del delegado federal de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí y del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Mario Godoy Ramos. De acuerdo con los testimonios recabados, los elementos de seguridad argumentaron que el evento era de carácter privado, a pesar de estar financiado con fondos públicos.
Autoridades comunitarias denunciaron que la exclusión contradice las resoluciones judiciales que han sido emitidas en favor de la comunidad de Piaxtla, la cual cuenta con una suspensión definitiva que obliga a las autoridades a respetar su autonomía y permitir el ejercicio directo de su presupuesto.
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas advirtió que esta exclusión sistemática se presenta en el marco del denominado Año de la Mujer Indígena y cuestionó la congruencia entre los discursos oficiales de inclusión y la operación institucional que se ha desplegado en su contra.