San Luis Potosí, domingo 13 de julio de 2025.- Con la reforma a la Ley General de Población, todas las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán colaborar en la implementación de la CURP biométrica. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones económicas de hasta 20,000 UMAs, equivalentes a aproximadamente 2.2 millones de pesos.

La nueva CURP incluirá datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, además de los datos tradicionales, y será utilizada tanto en trámites presenciales como digitales. Las dependencias tendrán 90 días desde la entrada en vigor de la reforma para habilitar los sistemas necesarios.

La Secretaría de Gobernación será responsable del proceso, incluyendo la recolección de datos y la coordinación con autoridades locales. La información solo podrá ser recabada con consentimiento ciudadano, y su resguardo deberá estar garantizado. Especialistas han insistido en la necesidad de auditorías independientes para evitar usos indebidos.