San Luis Potosí, S.L.P., jueves 25 de junio de 2025.- La libertad, para quienes han estado en prisión, no siempre representa una segunda oportunidad. Muchas personas privadas de la libertad salen con la esperanza de reencontrarse con sus familias, conseguir un empleo, ser escuchadas y aceptadas. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más cruda.

“El mayor reto es que la sociedad, muchas veces, es la primera en rechazar y poner barreras”, advirtió Jesús Martínez, director operativo de Perteneces, una organización que trabaja en favor de la reinserción social de personas liberadas. “Al principio hablábamos mucho sobre la libertad, pero cuando vimos lo complejo que era reinsertarse, nos dimos cuenta de que había que trabajar mucho más allá del discurso”.

Un caso representativo, compartido por Martínez, es el de San Juana, quien, tras haber estado en prisión, ahora estudia Derecho. Quince años después de haber comenzado sus estudios en la Universidad de Matehuala, se enfrenta a una realidad completamente distinta. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero quienes estuvieron en reclusión no tuvieron acceso a esa transformación digital.

“Mientras todos nos familiarizábamos con plataformas digitales durante la pandemia, en prisión esas oportunidades no existieron”, explicó. A pesar de ello, San Juana ha mostrado una gran voluntad de salir adelante: hoy estudia, convive con sus hijos, tiene un empleo digno y continúa con su proceso terapéutico.

Este jueves, a las 2 de la tarde, San Juana participará en un conversatorio en las oficinas de Perteneces, ubicadas en Prolongación de Estatutos Jurídicos 1250, donde se hablará sobre la importancia de la reinserción social y los retos que implica.

“Reinsertarse no es una tarea que pueda hacer una sola persona. Es responsabilidad de toda la sociedad. Apostarle a la reinserción es también apostar por una sociedad más segura, menos violenta y con menor consumo de sustancias”, subrayó Martínez.

Hasta el momento, Perteneces ha acompañado a más de 200 personas en procesos de apoyo psicológico para facilitar su integración social. Además, trabaja en coordinación con unidades territoriales que canalizan a personas recién liberadas para recibir orientación y seguimiento.

Uno de los proyectos más destacados ha sido la colaboración con el Juzgado Cívico, mediante la cual personas que cometen infracciones menores evitan permanecer detenidas por más de 23 horas. En lugar de ello, participan en terapias grupales e individuales, así como en actividades de sensibilización. Este programa ha contribuido a reducir conductas violentas, delictivas y el consumo de sustancias.