San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 25 de junio de 2025.- Tras la denuncia por parte del presidente municipal de Santo Domingo, Filiberto Rodríguez Alvarado, sobre el desplazamiento forzado de las familias de los municipios de Santo Domingo y Villa de Ramos, el vocero de la Arquidiócesis potosina, Tomás Cruz Perales, urgió a las autoridades a tomar acciones coordinadas para frenar la violencia que azota estas comunidades del Altiplano.

“Nos han platicado familias, no solamente en esa zona sino también en Villa de Ramos, que incluso se da la situación de que van a sacar a los jóvenes y después los regresan asesinados, en los lugares públicos de las comunidades”, declaró el portavoz, visiblemente preocupado por la normalización de este tipo de actos violentos.

Las declaraciones surgen en un contexto nacional igualmente doloroso: el reciente ataque armado durante una fiesta patronal en Irapuato, Guanajuato, que dejó al menos diez personas muertas y otras diecisiete heridas, fue citado por Cruz Perales como ejemplo del clima de violencia generalizado que se vive en el país.

“Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a escenarios violentos, que afectan profundamente a familias que, por su condición económica o social, no pueden emigrar y deben permanecer en comunidades dominadas por el miedo”, lamentó.

El representante de la Iglesia también se refirió a un creciente riesgo que ve en algunas posturas oficiales: la intención de limitar la libertad de expresión. “Estamos en un país libre, amparado por la Constitución, y todos conocemos nuestros derechos. Ojalá que las autoridades actúen con libertad y respeto pleno a la ley, sin buscar amordazar o modificar leyes que les resulten incómodas”, advirtió.

El llamado desde la Iglesia católica es claro: no puede haber resignación frente a la violencia ni permisividad frente a posibles retrocesos democráticos. Las voces que emergen desde las comunidades, cargadas de dolor y desesperación, son un grito urgente que exige acción del Estado.