San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 18 de junio de 2025.– Con 22 votos a favor y una abstención, el Congreso del Estado aprobó este martes un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para que revisen las condiciones del Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, ubicado en el municipio de Tancanhuitz.
La iniciativa fue impulsada por la diputada de Morena, Gabriela López Torres, quien denunció las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de su libertad, especialmente por su lejanía familiar y deficiencias en salud e infraestructura.
La legisladora argumentó que el derecho a la proximidad familiar está consagrado en la Constitución, y que algunas reubicaciones de internas ya han sido revertidas por vía judicial. Afirmó que el centro penitenciario, situado a más de 300 kilómetros de las residencias de muchas familias, representa una barrera para la visita regular y el acompañamiento legal, especialmente en el caso de mujeres que aún no han recibido sentencia.
El exhorto aprobado por el Congreso establece que se deben revisar las condiciones de operación del penal y, en su caso, aplicar acciones preventivas o correctivas. En el documento se reconocen, además, deficiencias en servicios médicos, higiene, condiciones físicas del penal y funcionamiento administrativo, lo que afecta la dignidad de las internas y los principios de reinserción social.
Durante la discusión en tribuna, López Torres lamentó la tardanza en dictaminar el exhorto, a pesar de haber sido aprobado desde hace meses por la Comisión de Igualdad de Género. Subrayó que la justicia tardía equivale a una justicia negada, y aclaró que su propuesta no pretendía ofender a ninguna institución, sino abrir un camino de atención y mejora.
Finalmente, la diputada morenista cuestionó el enfoque punitivista del sistema penitenciario y recordó que muchas mujeres encarceladas no lo están por delitos de alto impacto, sino por situaciones que pudieron haberse resuelto mediante otras vías de atención institucional. “El sistema penitenciario no debe ser el destino inmediato de los problemas que el Estado no quiso resolver”, sentenció.