San Luis Potosí, viernes 6 de junio de 2025.- El diputado local por Morena, Carlos Arreola Mallol, señaló que aún se encuentran en proceso de impugnaciones los perfiles que son candidatos virtualmente electos dentro del Poder Judicial de San Luis Potosí, por lo que podrían ser impugnables debido a posibles violaciones a la reforma judicial estatal y criterios contradictorios en la selección de magistrados y jueces.


Entre los casos señalados se encuentran el del exfiscal José Luis Ruiz Contreras, el subsecretario de Derechos Humanos, Santiago, y el de Zelandia Bórquez Estrada, quien fue recientemente nombrada en el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo historial incluye una transición reciente desde otra función pública.

El diputado también criticó la falta de uniformidad en los criterios utilizados por los distintos comités técnicos que evaluaron a los aspirantes. Mientras el comité del Poder Judicial permitió el pase directo de jueces en funciones sin obligarlos a integrar expediente completo, los comités del Legislativo y del Ejecutivo exigieron documentación formal, lo que genera un terreno disparejo. “Eso es lo que vuelve jurídicamente interesante este proceso: hay argumentos válidos de ambos lados”, reconoció.


Arreola Mallol subrayó que el proceso todavía no ha concluido y que las constancias de mayoría no se han entregado debido a los conteos y validaciones en curso. En este contexto, anticipó una etapa de impugnaciones que podría alcanzar instancias federales. “Esta elección se irá construyendo con jurisprudencia”, advirtió, al señalar que no existe precedente en el país para una elección judicial de esta naturaleza.


Pese a estas inconsistencias, el legislador morenista mostró su respaldo al nuevo modelo, al calificarlo como “una gran reforma” que deberá complementarse con ajustes legales importantes. “Hay que organizar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde el Congreso hay apertura total para construirla”, afirmó.


Aunque el discurso oficial celebra la inclusión y la modernización del sistema judicial, los hechos muestran una implementación desigual y con posibles vicios de legalidad. El propio Arreola, aunque defendió el principio pro persona para justificar ciertas excepciones, también reconoció que no existe una línea clara sobre quién debía o no integrar expediente, lo que abre la puerta a controversias legales.


“La ponderación de derechos es clave aquí, pero sin precedentes, todo queda sujeto a interpretación”, comentó, al tiempo que dejó la resolución en manos de los tribunales. Mientras tanto, queda en duda si esta “nueva era judicial” realmente fortalecerá el acceso a la justicia o si se convertirá en un nuevo campo de disputas políticas y jurídicas. En medio de este panorama, el legislador pidió prudencia para esperar la resolución de los tribunales locales y nacionales.