San Luis Potosí, viernes 23 de mayo de 2025.- La utilización de los llamados acordeones de votación en la próxima elección judicial podría convertirse en foco de impugnaciones si se detecta que estos materiales no son de elaboración personal, sino parte de una estrategia externa para influir en el voto, advirtió Denisse Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis.

Si bien los ciudadanos pueden llevar consigo un acordeón como herramienta personal para recordar a quiénes votar, su distribución dentro o en los accesos a las casillas podría interpretarse como una forma de presión, lo que violaría principios fundamentales del sufragio libre y secreto.

“La gente puede llevar su propio acordeón, siempre que sea una decisión personal. Pero si alguien los reparte afuera de las casillas, con nombres sugeridos, estaríamos ante una posible coacción del voto”, explicó Porras Guerrero. “Eso sí podría ser impugnable, porque se rompe la secrecía y se introduce una presión indebida al votante”.

Además del tema de los acordeones, la también funcionaria electoral alertó sobre el papel que jugarán los observadores electorales, cuyo número se ha duplicado en esta elección. Según cifras preliminares, ya se cuenta con más de 3 mil 500 observadores registrados, lo que representa un incremento considerable respecto a procesos anteriores.

Porras Guerrero reconoció la importancia de la figura del observador, pero también subrayó que deben actuar con total imparcialidad y sin interferir en el desarrollo de la jornada electoral.

“La labor de los observadores debe ser cuidadosa, sin intervenir en el trabajo de los funcionarios de casilla ni en las decisiones del electorado. Aunque están capacitados por el INE, si alguno incurre en una conducta indebida —como presionar o influir en el voto—, eso también podría ser causal de impugnación”, puntualizó.

En ese sentido, recordó que cualquier irregularidad puede ser denunciada por cualquier ciudadano, sin importar su cargo o función, y será la autoridad jurisdiccional correspondiente quien determine si procede o no la nulidad de la casilla en cuestión.