Es de conocimiento público que Palacio Nacional ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; la iniciativa busca abrogar la norma vigente a fin de postular una versión estatista y centralista de estructura partidista.

Es estatista porque fuerza los actos públicos en CTI a ceñirse en una agenda formulada desde el poder ejecutivo federal con un carácter general; es decir de cumplimiento en todo territorio del país y todo nivel de gobierno.

Es centralista porque ordena a los congresos locales, con lo que pasaría por encima de la soberanía de las entidades federativas, que formen unos organismos consultivos para cada gobierno local, organismos mismos que dictarían las políticas públicas estatales en CTI, pero constreñidas a la agenda nacional dictada desde CONACYT.

De estructura partidista porque, por ejemplo, en los Centros Públicos de Investigación, CPIs, que coordina CONACYT habría asambleas generales, incluidos profesionales de investigación, técnicos de apoyo y personal administrativo, para establecer los programas de esas instituciones, pero, una vez mas, restringidos a los mandatos de la agenda nacional definida por CONACYT.

Como ha sido señalado en esta columna, por ahora la iniciativa contempla la injerencia en los CPIs tal que queden supeditados a designios de gobierno con una clara afectación a los conceptos de libertad de cátedra e investigación.

Empero, la universidad pública no está exenta de embates, ya ha trascendido el proyecto en la Cámara de Diputados, presuntamente originado ahí mismo, para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, con atención puesta en la secesión de rectoría; para que tal caso prospere se requiere, a la vez, la reforma de la autonomía universitaria de esa institución federal.

Ganas no le faltan al cuatroteísmo de meter las manos en las instituciones y recursos de la universidad pública mexicana, las federales y las estatales, para someter el quehacer del saber científico público a una ley general en CTI donde el único pivote sería una agenda nacional establecida por el poder ejecutivo federal.

No obstante, la iniciativa palaciega para reformar la norma en CTI no ha tenido el eco que el cuatroteísmo esperaba.

De muestra un botón, los directivos de los CPIs coordinados por CONACYT han “invitado” al personal adscrito en sus respectivos centros a signar un posicionamiento favorable a la iniciativa de ley en comento.

Como en otros casos, la desazón oficial federal por este tema es tal que CONACYT, a través del Consejo Consultivo de Directores de CPIs, impulsa la citada invitación, con “el propósito recabar firmas” -dice el correo electrónico enviado por directivos de un CPI a su personal-, con la finalidad de mostrar adhesión al posicionamiento.

La respuesta de la comunidad en cada CPI varía por cada composición en la comunidad respectiva, pero, como una generalidad, el apoyo ha sido muy escaso; las firmas recolectadas en esa versión oficial de posicionamiento cuentan en su haber a la “orientación” del personal con fragilidad laboral.

Es decir, la “invitación” ha sido mas determinada para algunos empleados que para otros; en el caso de las y los científicos no ha habido eco para apoyar tal posicionamiento oficialista, mientras que el personal de apoyo y administrativo se ha sentido, ¿cómo decirlo? … mas firmemente invitado.

Por lo anterior, el apoyo que den los CPIs a la iniciativa es ficticio y fatuo; de hecho, quienes hacen de su vida diaria la profesión del saber han estado mayúsculamente ausentes del posicionamiento oficial y mayormente en oposición a la iniciativa.

La invitación para firmar el posicionamiento es un esfuerzo de legitimización del oficialismo estatista, ya que hay muchas voces que han expresado, en libertad, una gran preocupación sobre la iniciativa de reforma en materia de CTI; el eco mayoritario en la comunidad científica es de rechazo al texto de Palacio Nacional para la iniciativa de reforma en CTI.