San Luis Potosí, martes 29 de abril de 2025.– La entidad potosina ha entrado en una etapa histórica con el inicio de las campañas para la elección de cargos en el Poder Judicial local, un proceso sin precedentes en el estado. No obstante, el arranque se ve empañado por un retraso en la entrega de recursos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), fundamentales para la operación del proceso electoral.

Un total de 201 aspirantes compiten por quince magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tres del Tribunal de Disciplina Judicial y 69 cargos de juezas y jueces de Primera Instancia. En este contexto, la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, expresó su preocupación por el adeudo de 5 millones 608 mil pesos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, correspondientes al mes de abril y destinados a la organización de la elección judicial extraordinaria 2025.

Blanco López advirtió que el retraso en la entrega de recursos pone en riesgo la operatividad del organismo, especialmente durante mayo, cuando la carga de trabajo se incrementa con el pago de servicios, la instalación de mesas y las prestaciones para 89 supervisores y 537 capacitadores electorales.

Durante una rueda de prensa, la titular del Ceepac recordó que el presupuesto autorizado para este proceso es de 110 millones de pesos, pero a la fecha solo se han recibido 62 millones 171 mil 626 pesos en transferencias mensuales. El resto, según el calendario acordado, debe entregarse entre mayo y junio.

Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas mantiene un adeudo de 100 millones 185 mil pesos correspondiente al presupuesto ordinario solicitado por el Ceepac para 2025. “Es preocupante, porque del gasto ordinario se pagan servicios básicos como agua, luz, internet. Hemos estado solventando estos gastos con recursos del proceso electoral, pero ese dinero no es para ello”, recalcó Blanco López, quien urgió al Gobierno del Estado a liberar los fondos antes del 15 de mayo.

El panorama se complica aún más con la solicitud de una ampliación presupuestal por 21 millones de pesos, necesaria para cumplir con el convenio firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que incrementa la presión financiera sobre el organismo electoral local.