La familia de Chuyita Rodríguez, joven originaria de Villa de Arista, San Luis Potosí y asesinada en 2022, manifestó su inconformidad con los resultados expuestos por la Fiscalía General del Estado, ya que la acusan de negligencia, omisión, apatía y encubrimiento, esto pese a ya existir un detenido por presunto culpable.
Al respecto el padre de Chuyita señaló que la desaparición de su hija había ocurrido el día 14 de septiembre y fue en la noche del 15 cuando se le notificó del deceso de su hija al haber encontrado su cuerpo abandonado en los baños de un inmueble inhabilitado, y que, durante ese tiempo el ministerio público de Villa de Arista negó el derecho de iniciar una alerta Amber bajo el discurso de «andar con el novio», así como que no se le permitió a la familia ver el cuerpo físicamente y sólo por fotos, asimismo Rodríguez Medina sospecha que el indigente inculpado puede ser ajeno al feminicidio y no se trabajó correctamente en la investigación, agregando que durante los dos días que su hija estuvo desaparecida su celular estuvo activo, hecho no tomado en cuenta por la Fiscalía.
Ante esta declaración, la coordinadora estatal de la Red de Organizaciones Sociales, Yasmín Escobar Domínguez, señaló que se deben iniciar nuevas líneas de investigación, ya que las presentadas por el ministerio público de Villa de Arista no han sido suficientes, así como las realizadas por el ministerio público de Matehuala, el cual fungió como instancia regional de la FGE integrando el expediente final, ya que expuso que la labor pericial es muy pobre y confusa puesto que no se tienen pruebas de videos de la zona donde el cuerpo de Chuyita fue encontrado, a pesar de ser un sector habitacional y comercial, el cual está lleno de cámaras de seguridad en vía pública.
Así como que al tratarse de una zona de alto flujo peatonal, no hay un solo testigo, por lo que ante esta sospecha se acudirá al Gobierno Federal esperando que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga este caso, ya que Escobar señala que no hay confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni en los organismos de justicia potosinos para la impartición de justicia.
