El uso de cámaras de seguridad en hogares mexicanos se ha popularizado como una herramienta para prevenir delitos, pero su mal uso puede resultar en multas millonarias. Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, las sanciones por la difusión no autorizada de imágenes pueden superar los 18 millones de pesos.
Esta normativa busca proteger la privacidad de las personas captadas por los sistemas de videovigilancia. Las autoridades insisten en que compartir imágenes de transeúntes o personas en espacios públicos sin su consentimiento es una infracción grave. Incluso las grabaciones de delitos no pueden ser difundidas sin la autorización correspondiente, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley.
Las multas, que pueden llegar hasta 320 mil días de salario mínimo, tienen como objetivo disuadir el mal uso de las cámaras de seguridad, garantizando el respeto a los derechos de privacidad. Para evitar sanciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda colocar avisos visibles, orientar adecuadamente las cámaras para captar solo dentro de la propiedad y revisar las regulaciones vigentes.
Aunque existen excepciones, como cuando el uso de las imágenes está permitido por ley o en situaciones de emergencia, los propietarios de cámaras deben ser cuidadosos con la distribución de las grabaciones. El cumplimiento de estas normativas es crucial para proteger tanto la seguridad como la privacidad de todos los involucrados.