• López Obrador embiste de nuevo contra la resistencia al totalitarismo de la Cuarta Transformación desatando odios y violencia contra jueces, mientras Olga Sánchez traiciona a sus ex colegas.

La guerra eléctrica de Andrés Manuel López Obrador rebasó el ámbito de una reforma a la ley para escalar a una feroz contienda del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Estado de Derecho.

La oxidada maquinaria que lanza desde Palacio Nacional a la jauría de redes sociales contra los jueces que no se sometan a la voluntad del Presidente, pueden derivar en más que enfrentamientos mediáticos.

Es especialmente grave que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, avale, mediante un retuit, una columna incendiaria de Jesús Torres Gómez publicada en Milenio -y muy mal escrita por cierto- titulada “El gobierno de los jueces”, con visos de manufactura por encargo, con el objetivo de construir una base teórica para desatar la guerra (tweet https://twitter.com/M_OlgaSCordero/status/1371993135065272321?s=20).

Torres Gómez formula una alucinada teoría del complot a partir de la reforma constitucional del 2011, donde: “muy posiblemente tuvo por objeto establecer un mecanismo de “revisión judicial”, con pretexto de proteger derechos humanos para intentar establecer el gobierno de los jueces ante la posibilidad de que en el año 2012 Andrés Manuel López Obrador ganara la elección presidencial”.

Al tuitear sin comentario alguno la columna de un tercero no hay más interpretación que el aval incondicional a lo que ahí se expone. Si a eso sumamos que la difusión en redes sociales fue la mano de la encargada de la concertación política del país, el árbitro se convierte en atacante.

En el último párrafo escribe Torres Gómez: “No olviden señores jueces que la mismísima razón de la existencia del Estado es justamente la impartición de justicia, si no cumplen cabalmente, con sabiduría, patriotismo y dignidad su trabajo, pueden poner en riesgo la existencia del Estado y provocar que el pueblo tome la justicia en sus propias manos”.

Por supuesto que la lectura de “sabiduría y patriotismo” es: “lo que diga López Obrador”, una arenga que pone en peligro físico al menos a los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y a Rodrigo de la Pesa López Figueroa.

Me pregunto si en este escenario cabría denunciar a la ministro en retiro Sánchez Cordero por difundir la incitación al odio contra los jueces en general, no nada más de los dos que otorgaron la suspensión provisional de la Ley de la Industria Eléctrica.

La violencia acelera en esta temporada de elecciones ya presentó las cartas del crimen organizado en San Luis Potosí con el asesinato del presidente de Coparmex, Julio César Galindo, además de la ejecución del candidato de Morena a la alicaldía de Chilón en Chiapas junto con su hijo y un colaborador, con el sello final de terror al incinerar cuerpos y el vehículo.

No hay zalamería en la Secretaria de Gobernación que justifique la indigna rabia contra sus ex colegas del Poder Judicial, para recibir una palmadita del amo.

En esta serie de odios y frustraciones desatados por el “nuevo régimen” el Presidente embistió este jueves de nuevo contra la resistencia al totalitarismo de la Cuarta Transformación.

Dijo que el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, le informó -me imagino que como resultado de un entramado de investigación política- que “magistrados le corrigieron la plana al juez Gómez Fierro en otro asunto antes de la Eléctrica” (video https://youtu.be/69g1xrHF6s8).

De nuevo Palacio Nacional se erige como un púlpito inquisitorial que enrarece la atmósfera para llevar a niveles constitucionales la reforma a la Ley Eléctrica que hasta el momento permanece intubada y en terapia intensiva, precisamente por inconstitucional.

Los jueces en la mira de la 4T remarcan la inconstitucionalidad de la reforma con argumentos sólidos, dice Gómez Fierro: «Para que estos mercados operen bajo una dinámica de competencia en beneficio de las empresas y consumidores finales, es indispensable la concurrencia de diversos participantes, circunstancia que no podría acontecer si se permite que se aplique una normatividad que impone barreras para ingresar al mercado eléctrico mayorista, otorga ventajas competitivas para ciertos participantes de dicho mercado, genera incertidumbre para los particulares que ya cuentan con algún permiso para realizar alguna actividad regulada, modifica de manera repentina las reglas bajo las cuales venía operando el sector y desincentiva la inversión en el sector eléctrico, al suprimir los derechos adquiridos bajo la vigencia de legislación anterior«.

«Si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energías limpias, es posible concluir, preliminarmente, que la ejecución de dichas disposiciones podría llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales«.

En voz de De la Peza: «De forma preliminar se advierte que existe la posibilidad de que las quejosas demuestren que es contrario al texto Constitucional, que la CFE recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, lo que merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional, dado que una premisa fundamental de la reforma energética, alegadamente, era someter a la CFE a una regulación asimétrica, y así abrir al libre mercado la generación y comercialización de energía«.

«Sin prejuzgar sobre la legalidad, Constitucionalidad o convencionalidad de los actos reclamados, es menos grave que la autoridad responsable continúe aplicando la legislación anterior, que permitir la implementación de la nueva regulación que, de demostrarse que activa una barrera a la entrada en el mercado, podría generar una afectación al medio ambiente y a la salud de las personas, ante la probable prevalencia de generación de energía con base en combustibles fósiles«.

López Obrador puede ser el primer Presidente que atente contra la Constitución mediante maniobras y mayoriteos parlamentarios que deformen la naturaleza de la Carta Magna por un proyecto de megalomanía unipersonal.

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