En las producciones audiovisuales que involucren animales, desde cine hasta publicidad, la legislación española se asegura de que su bienestar sea una prioridad. La Ley 7/2023 de protección de los derechos de los animales establece que las productoras deben presentar una declaración responsable a la autoridad competente antes de filmar.

Este documento debe detallar los datos del animal, los tiempos de filmación, las condiciones físicas de los animales y las personas encargadas de su cuidado. Si las escenas implican situaciones de maltrato o sufrimiento, se exigen medidas adicionales, como la simulación de los actos, la presencia de veterinarios y la obtención de una autorización previa por parte de las autoridades competentes.

Además, los créditos de la producción deben incluir una mención sobre la simulación de las escenas de maltrato, garantizando que no se causó daño a los animales. La ley también fomenta el uso de alternativas tecnológicas que no impliquen animales reales en las grabaciones.

Es importante que las producciones respeten tanto la legislación nacional como las normas locales, y que se tomen en cuenta los requisitos para la importación de animales en caso de ser necesarios.