Carla Rees García, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), expresó su preocupación por la falta de legislación específica en San Luis Potosí para combatir este tipo de violencia. A pesar de que el Congreso estatal avanzó en una iniciativa, ésta quedó estancada.

“El Congreso ya tenía lista una iniciativa sobre violencia vicaria, y se quedó en la congeladora”, afirmó Rees García. Según explicó, uno de los motivos del retraso fue la propuesta de incluir a hombres como posibles víctimas, algo que considera erróneo, ya que este fenómeno afecta mayormente a mujeres, como lo han señalado ministros como Arturo Zaldívar y Norma Piña.

La representante destacó que el FNCVV valora la acción de inconstitucionalidad presentada a nivel federal, pues ha ayudado a visibilizar que la violencia vicaria es una problemática real y grave. “Hoy por hoy, la violencia vicaria es una realidad, no solo en San Luis Potosí”, enfatizó.

El Congreso estatal ya reconoce este tipo de violencia bajo el término “violencia por interpósita persona”, incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, sigue pendiente su tipificación en el Código Penal del Estado, lo que, según Rees García, deja a las mujeres sin el respaldo legal necesario.

“Lo que no se nombra no existe, y eso ocurre con muchas mujeres en San Luis Potosí”, señaló, refiriéndose a la falta de conocimiento sobre este tipo de agresión. La violencia vicaria se caracteriza por el uso de los hijos como herramienta de control y daño emocional hacia las mujeres que deciden romper con ciclos de abuso.

Rees García subrayó que esta forma de violencia es la culminación de una serie de agresiones previas, como violencia física, verbal, emocional y psicológica. “Cuando una mujer decide poner un alto, el agresor usa a los hijos para continuar el daño”, explicó, desmintiendo que esta conducta sea una práctica sistemática de las mujeres contra los hombres.

Finalmente, hizo un llamado a trabajar de la mano con los legisladores para avanzar en el reconocimiento y la sanción de esta problemática. “Es fundamental seguir impulsando estas reformas para que las mujeres sepan que tienen un nombre y un respaldo legal para lo que están viviendo”, concluyó.