Las denuncias de los operadores locales de transporte de personal han puesto de relieve una situación crítica: se enfrentan a cobros que oscilan entre 20 mil y 70 mil pesos por cada unidad que deseen registrar para operar legalmente.

Estas regulaciones, impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, suman además un cargo de 5 mil pesos adicionales para la licencia de transporte de pasajeros, lo que representa un duro golpe a las finanzas de los permisionarios locales.

El conflicto ha escalado mediáticamente, especialmente entre la titular de la SCT y las empresas locales. Los permisionarios acusan a Araceli Martínez Acosta de favorecer a empresas foráneas, dejando en desventaja a los prestadores de servicio locales.

Entre las compañías señaladas como principales beneficiarias se encuentran TEB y UTEP, que, según los transportistas y diversas notas periodísticas, son responsables de una alta tasa de accidentes. En respuesta a esta situación, los transportistas han reiterado su decisión de llevar a cabo un paro y bloqueos el próximo 28 de octubre.

Este movimiento busca visibilizar su inconformidad y exigir respuestas a las autoridades, a quienes acusan de implementar medidas injustas. Hacen un llamado a reconsiderar las políticas vigentes y ofrecer condiciones justas para todos los prestadores de servicio de transporte en San Luis Potosí.

Finalmente, los transportistas expresaron que no existe un interés real en mejorar las condiciones del transporte mediante apoyos, como cursos o licencias. Señalan que el trabajo diario es su principal fuente de sustento y, en muchas ocasiones, no es suficiente para mantener a sus familias.