Por mayoría de 70 votos de Morena y aliados, 43 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas que permite que el Gobierno federal confisque más de 40 mil millones de pesos de las cuentas de Afores inactivas o no reclamas de trabajadores de 70 años de edad o más.
En un acalorado debate entre el oficialismo y la oposición, la mayoría legislativa se impuso a la aprobación del dictamen por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
También a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y que abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
La propuesta del diputado federal de Morena Ignacio Mier busca tomar las cuentas de ahorro inactivas en las Afores y transferirlas para contar con recursos destinados al pago complementario de pensiones a los trabajadores que cotizan bajo el régimen que entró en vigor en 1997, así como para los trabajadores que se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar estará obligado a dar a los institutos de seguridad social el dinero necesario para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16 mil 777 pesos con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para el año 2024, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno federal en relación con la pensión que se obtenga.
Este fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario.
