Salida del fondo de las oficinas aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, quedó atrapada en un juego político que tenía indicios de formar parte de la lucha política en las élites morenistas y lopezobradoristas por la presidencia 2024 y casi nada con procedimientos de soberanía presupuestal judicial.

La maniobra para llevar a la ministra presidenta de la Corte al Senado y darle una tribuna gigantesca a su discurso contra el presidente López Obrador estuvo relacionada con la decisión de movilizar a los trabajadores del Poder Judicial en defensa de fideicomisos que estaban relacionados con actividades laborales, pero que no fueron protegidos en el manejo de los recursos públicos.

La ministra Piña fue empujada a una confrontación con el jefe del Poder Ejecutivo federal, cuando los mecanismos de defensa debieran ser legales y aplicados a las normas jurídicas, es decir privilegiar los amparos por la violación de la autonomía presupuestal del Poder Judicial.

La movilización callejera de los trabajadores contra el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fueron estimuladas por los mismos que armaron las marchas del INE y crearon la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, ahora aliados con los espacios de manipulación política por personajes que están disputando algunos espacios en la sucesión presidencial de Morena y los primeros indicios estarían apuntando nada menos que al senador Ricardo Monreal Avila, cuyo senador suplente y operador político Alejandro Rojas Díaz Durán fue el primero en hablar en nombre de Morena de acercamientos con la cúpula política de la Suprema Corte.

La maniobra para sentar a la ministra presidenta de la Corte nada menos que en el pleno senatorial o en el peor de los casos en comisiones con alta visibilidad mediática tuvo el propósito de mandar mensajes a Palacio Nacional sobre la fragmentación de la mayoría morenista en el Congreso, sobre todo por la alianza de legisladores entrevistos ya como base política disidente de Monreal y del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

La tribuna legislativa como una extensión del pleno de ministros de la Corte fue interpretada en Palacio Nacional como un golpe político contra el presidente López Obrador, lo que provocó la inmediata intervención del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, desestimando y bloqueando esa posibilidad, en el entendido del que la Suprema Corte tiene sus propios espacios mediáticos e institucionales para fijar los posicionamientos.

La aprobación inevitable en el Senado de la desaparición de los fideicomisos judiciales escalará la respuesta de la Corte, no solo a través de los mecanismos legales e institucionales de amparos por violación a la autonomía presupuestal de un poder independiente en el tema los fideicomisos, sino con facultades legislativas para reducir el presupuesto del poder judicial en alrededor de 15%, para obligar a las autoridades del Poder Judicial a un replanteamiento de beneficios en prestaciones adicionales sólo para ministros, magistrados y consejeros, no para la masa laboral que fue manipulada para salir a defender el estatus presupuestal de la élite de la Corte.

La ministra Piña aparece jaloneada al interior de la Corte por los diferentes grupos de poder que están enquistados en la estructura judicial por encima de los relevos temporales de ministros y funcionarios. La invitación de los jefes de las bancadas del PRI, del PAN y de la facción morenista de Monreal-Ebrard tenía todo el tufo beneficiar al Frente Amplio que maneja la campaña política de la –oh sorpresa— todavía senadora en funciones Xóchitl Gálvez Ruiz, al mismo tiempo virtual candidata presidencial de la oposición, buscando una foto electorera.

La intención fue acarrear nada menos que a la jefa del Poder Judicial al territorio político-electoral de la senadora precandidata del FAM, abrirle cámaras y micrófonos para criticar al Poder Ejecutivo en la figura del presidente de la República y responder en territorios político-legislativos las argumentaciones presidenciales, transfigurando el pleno legislativo o comisiones de alta visibilidad en un territorio político de contramañanera, y de paso seguir convirtiendo a la presidenta de la Corte en una especie de heroína civil que confronta presuntas acciones autoritarias del presidente de la República.

En síntesis, la ministra presidenta de la Corte perdió la batalla de invasión de otro poder del Estado para atacar al tercer poder del Estado y profundizar, ahí sí, una crisis en las relaciones entre los tres poderes del Estado, pero dentro de la lucha por elección presidencial de 2024.