Hoy, la organización civil Perteneces presentó el Informe de Observación relativo al voto de las personas en prisión preventiva durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Este informe tiene como finalidad informar a la sociedad sobre los hallazgos relacionados con el ejercicio del derecho al voto de esta población, un aspecto crucial para fortalecer la democracia y promover la inclusión social.

El presídium estuvo integrado por José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces; Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE SLP; Ana Lucía Barajas Garay, vocal de organización electoral de la misma junta; y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, subdirectora de circunscripción plurinominal.

La presentación del informe fue realizada por Celia García Valdiviezo y Arturo Tabales, directivos de Perteneces.

Durante su intervención, De la Garza subrayó la importancia de reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas en prisión preventiva, afirmando que su derecho al voto representa no solo un reconocimiento a su dignidad, sino también una vía para su inclusión en la sociedad.

«No podemos dejar de lado a las personas privadas de libertad en la construcción de un país más justo y democrático,» señaló.

El informe reveló que, de las 30 mil 391 personas en prisión preventiva a nivel nacional, el 88 por ciento son hombres y el 12 por ciento mujeres. En San Luis Potosí, 687 personas ejercieron su derecho al voto en cinco centros penitenciarios.

Entre los retos mencionados, se destacó la capacitación del personal del INE y la falta de un voto plenamente informado. Además, se reveló que el 25 por ciento de las personas en centros penitenciarios federales y estatales espera más de 24 meses para recibir una sentencia, lo que pone de manifiesto una grave deuda del sistema de justicia.

Finalmente, Perteneces hizo un llamado a la acción, proponiendo recomendaciones claras para mejorar las condiciones en futuros procesos electorales.

Se sugirió una mayor participación de los partidos políticos en la sensibilización sobre el voto y una mejora en los mecanismos de coordinación institucional, con el objetivo de asegurar que se respete integralmente el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.