A poco menos de un año del cierre del actual sexenio hay denuncias formales, consecuentes del pésimo manejo de la administración pública en años recientes; no se trata de los recursos legales interpuestos por particulares señalados, desde el púlpito mañanero, como conservadores y adversarios del oficialismo actual.
Mas allá de los dimes y diretes, resulta que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, ha interpuesto una denuncia como recurso legal sobre la directora de CONADE; motivada por irregularidades de cientos de millones de pesos.
El reporte de la ASF data del 28 de agosto y las operaciones señalas corresponden al año fiscal 2020; aun puede haber hallazgos que agravarían el asunto.
Lo anterior tiene como contexto los señalamientos que diversos deportistas, no sólo aquellos por el equipo de nado sincronizado, que han permitido visibilizar la soberbia, pedantería y desdén materializados como actos de autoridad por la otrora velocista de pista.
Aquí no se dice que la denuncia formal por la ASF sea directamente consecuencia exclusiva del interés colectivo sobre el caso, aunque pudo haber sido un elemento político ante el proceso del 2024.
En este sentido las problemáticas señaladas por la comunidad en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, no han impactado en el colectivo de la misma manera que en el deporte; ello pese a notas de casos como el estudiante poblano que, por ahora, no podrá hacer estudios doctorales en el extranjero sobre motores iónicos (esos motores se usan para estabilizar satélites y artefactos espaciales).
Como el estudiante poblano son cientos de estudiantes con carreras truncadas como consecuencia de las estrategias -que no políticas públicas- del actual CONACYT.
Ello se suma a los señalamientos en torno al Sistema Nacional de Investigadores incluidas decisiones, mas que cuestionables, de otorgar beneficios a la mamá de la titular del CONACYT y el máximo nivel a la pareja sentimental de la directora de ese consejo–quien, con carrera mediana, ha trabajado en CINVESTAV por decenios con resultados y contribuciones menos que marginales en CTI- tanto como, al señalado de plagio, Fiscal General; lo anterior son claros conflictos de interés.
No queda ahí, ahora CONACYT será entidad encuestadora, se sabe que este consejo nacional elaborará y ejecutará una encuesta relacionada con salud mental y adicciones; lo que está fuera de su competencia.
Espero no haya confusión, este espacio opina que las políticas públicas en CTI deben incluir criterios emanados de mediciones, como el caso de encuestas de salud, pero también esta columna asegura que no es función de CONACYT elaborar las encuestas ni ejecutarlas; para eso último hay otras instancias, a CONACYT le corresponde cimentar políticas en CTI y quizá, dependerá de cada caso, incluir elementos cuantitativos.
La similitud con el CONADE, al inicio de esta entrega, se relaciona con el recurso público para CTI; el Ramo 38 no ha sido ejercido con eficacia este sexenio, ya hemos señalado aquí diversos temas como retrasos en ministraciones y asignaciones en el financiamiento de proyectos aprobados, entre muchos asuntos mas.
Al anterior desastre se suma que, ahora, parte de esos recursos serán ejercidos para hacer encuestas, quizá sólo es pretexto para financiar encuestadoras durante el 2024; es conjetura, pero dice el dicho “piensa mal y acertarás”.
Tal vez la competencia de CONACYT para hacer encuestas no es tema de la ASF, pero sí de otras instancias; lo que sí está claro es que ejercer recurso financiero en acciones públicas fuera de la competencia no es asunto menor en el derecho público, a lo cual, se combina que el ejercicio del recurso financiero sí es competencia de la ASF.
La intervención de la ASF es a palo dado, pero la norma vigente implica que la responsabilidad, de quien en el servicio público cometa ilícitos, puede ser denunciada a la postre; es caso de la directora de CONADE, sobre quien se sustenta denuncia por hechos anteriores, ¿y de CONACYT?
