Este espacio aspira a discutir cómo políticas públicas permiten que se concreten investigaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, como, por ejemplo, la implicada en la misión espacial OSIRIS-REX; en la cual un artefacto ha viajado en el interior del sistema solar para sincronizar su órbita con el asteroide BENNU.
Se espera que la misión OSIRIS-REX retorne, en septiembre de 2023, en unos meses, tan sólo 60 gramos de material recolectado en la superficie de BENNU; todo indica que se logrará con éxito el ingreso de la cápsula que contiene el material para que diversos grupos analicen la muestra.
El asteroide es relevante porque el Sol calienta una parte de la superficie con consecuente desvío de su trayectoria, de dónde algunos cálculos arrojan estimaciones que BENNU impactaría la Tierra en unas pocas centurias; debido al tamaño y velocidad, podría provocar una nueva extinción masiva en nuestro planeta, de ahí la relevancia para comprender de qué y cómo está constituido.
Pero la brutal realidad en nuestro país y las políticas públicas recientes arrastran inexorables a opinar sobre las decisiones desde el actual ejercicio público del poder.
Desde la primera semana de julio se hemos sabido de la lluvia de amparos sobre la recientemente aprobada Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, LGHCYT; decretada hace poco más de un mes y aprobada de forma, por decir lo menos, legislativamente desaseada.
Se cuentan por decenas de amparos que otorgan suspensión provisional sobre la LGHCYT, por su parte la DG de CONACYT (sin H) argumenta, al estilo de la actual administración, que no le han notificado (con parte de razón legal, pero sin ella porque eventualmente sucederá en cada caso), también añade que la suspensión aplica a las personas quienes interpusieron el recurso de amparo y que es asunto político no jurídico.
La discusión se torna bizantina puesto que, por una parte, del lado de CONACYT, la argumentación pretende desconocer la resolución provisional y calificarla de “politiquería” en lugar de atender el fondo del asunto, mientras que, por la otra, una porción relevante la comunidad, representada por quienes interpusieron los recursos y sus abogados, argumenta que, por el carácter de la materia, la suspensión provisional protege del acto de autoridad a la población en general.
Aún falta el recurso interpuesto por legisladores ante la SCJN, pero respecto de esas suspensiones provisionales, la pelota está del lado de CONACYT, quién debe contestar para revertir con razón de fondo, pero no la tiene; porque de origen la aprobación de la LGHCYT tiene faltas legislativas.
Entretanto, corren diversos procesos administrativos en CONACYT; uno de atención por la comunidad está en las evaluaciones en el SNI, por la importancia de la beca asociada al nombramiento que complementa el precario ingreso nominativo.
Luego, ¿con que instrumento normativo se fundamentará cada dictamen? Veamos el detalle del desorden.
La convocatoria fue cerrada cuando ya había sido publicado el decreto con la LGHCYT, es decir a partir de ese momento la LGHCYT entraba en vigor, empero los reglamentos no estaban publicados, sino que estaban vigentes en la enésima versión anterior, ahí ya hay hueco jurídico.
Mientras corría la convocatoria, sus extensiones y arrancaban los procesos de capacitación a comisiones, entre muchos tumbos, ya que el sistema informático para atender la convocatoria era nuevo y deficiente, se publicaron en el DOF los reglamentos relativos a la nueva ley, en eso estaba cuando aparecen los amparos con una suspensión provisional que detona una discusión legal con final predecible, pero de tiempo indeterminado, el desaseo de administración federal es obvio.
Así los yerros, políticos tanto como en políticas públicas, de quienes concretan actos poder en nuestro país, mientras en otras latitudes soportan soluciones en su CTI.
Este espacio toma un receso, espero contar con su gentil lectura desde el 4 de agosto.
