La Consejera Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Mtra. Claudia Espinosa Almaguer, presentó un escrito ante el Congreso del Estado en el que expone graves irregularidades y amenazas recibidas durante el ejercicio de sus funciones, denunciando una fuerte crisis dentro de la Comisión.
El documento, dirigido a las Comisiones de Derechos Humanos e Igualdad y Género, así como a la Comisión de Gobernación, detalla las razones por las cuales Espinosa Almaguer no asistió a las reuniones del consejo programadas con el Legislativo.
La consejera explicó que las amenazas surgieron en el contexto de una reunión extraordinaria el 30 de agosto, cuando un grupo de víctimas exigió su presencia en una sesión agendada para el 4 de septiembre, advirtiendo que, de no asistir, exigirían su renuncia.
“Si no hacemos acto de presencia, particularmente yo, van a venir aquí a pedir mi renuncia o van a ir por mí”, citó Espinosa Almaguer en su escrito.
Detalló que desde abril de 2024 un grupo de víctimas solicitó la intervención del Consejo para atender sus quejas contra la Primera Visitadora General, lo que culminó con manifestantes cerrando las oficinas de la CEDH, obligando a tomar decisiones extraordinarias para continuar atendiendo los casos.
Asimismo, mencionó una reunión del 5 de julio con estos manifestantes, en la que la presidencia de la CEDH permitió la intervención del exsecretario ejecutivo Juan Manuel Frías Sánchez, quien en ese momento no tenía un rol oficial. En esa reunión, varios acuerdos fueron cuestionados.
La consejera también denunció la falta de transparencia en la publicación de las versiones estenográficas y acuerdos del Consejo, solicitando desde julio que estos documentos se hagan accesibles en la página web de la CEDH, sin que hasta la fecha se haya cumplido.
Además, Espinosa Almaguer señaló la falta de respuesta a su solicitud de informes sobre pagos a despachos particulares, revelando actos de violencia y corrupción dentro de la CEDH. Solicitó que la versión estenográfica fuera enviada a la Contraloría, pero esta demanda no ha sido atendida.
“No voy a renunciar, pero me pongo a disposición del Congreso si desean llamarme a comparecer o iniciar una investigación en mi contra. Lo que no voy a aceptar es violencia”, finalizó.
