El miércoles 22 de febrero de este año fue presentado un comunicado público en el que cuatro asociaciones civiles solicitan audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar datos fehacientes sobre el actual desabasto de medicamentos para niños con Cáncer en México, con lo que buscarán pedir su intervención ante este problema, el cual expresan ha vulnerado sus garantías como personas.

«Hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abran los espacios de comunicación a efecto de que reciba la información que ha sido recabada por las cuatro organizaciones, con el objetivo de que se puedan tomar a la brevedad las medidas adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes de México tengan una esperanza de vida», exponen en los motivos del oficio entregado.

Dicha solicitud está firmada por las organizaciones civiles Renace capítulo San Luis Potosí; Justicia Justa A.C., Colectivo Toma tu Remo e Impunidad Cero, mismas que han acompañado anteriormente durante este sexenio a niños, niñas y adolescentes que no han recibido sus tratamientos contra el cáncer de manera oportuna y completa debido al desabasto presente de los medicamentos contra el cáncer infantil. El pronunciamiento informará, en caso de que sean atendidos por la CIDH, las actuales deficiencias en el acceso, compra y distribución de medicamentos en México, así como se explicó en un principio, las violaciones a derechos humanos que ha provocado el esquema que actualmente maneja el Gobierno Federal y la poca o nula actividad que se tiene para atender esta problemática.

En la exposición de datos presentados en la solicitud referida se observa que dichas asociaciones presentarán y detallarán ocho principales aspectos:

1. La falta de transparencia y de publicidad sobre los términos en que se está realizando la compra consolidada 2023-2024 y la manera en que se va a asegurar la distribución en tiempo de medicamentos.

2. El nuevo esquema de adquisición y distribución de medicamentos implementado por el Gobierno de México a través del Insabi.

3. La falta de regulación para que el Insabi lleve a cabo una compra consolidada de medicamentos a nivel nacional.

4.- Las deficiencias detectadas en el nuevo esquema implementado por el Gobierno y sus repercusiones en la salud y en el acceso a medicamentos de pacientes oncológicos y con otras patologías, especialmente en niñas y niños con cáncer.

5. La actitud pasiva del Gobierno en turno para dar soluciones efectivas a la problemática derivada de la poca eficiencia en el nuevo esquema de adquisición, distribución y acceso a insumos médicos en el país.

6. Los riesgos que pudieran presentarse en caso de no encontrar soluciones que resuelvan de fondo la problemática del acceso a medicamentos para tratar diversas enfermedades en México.

7.-Las violaciones a los derechos humanos a la salud, a la dignidad, a la integridad física y el derecho a la vida que se han suscitado en la población mexicana provocada por la negligencia estatal.

8. Los mecanismos legales que se han empleado por parte de la población para exigir a las autoridades el cumplimiento de la obligación de garantizar su derecho humano a la salud y acceder a los medicamentos que requieren