En la entrega inmediata anterior, con base en los artículos 6º y 7º constitucionales, se discutió cómo está fuera de lugar la pretensión de acallar opiniones en los Centro Públicos de Investigación, CPIs; la constitución protege la libertad de difundir opiniones tanto como delimita explícitamente los alcances de éstas.
Luego entonces, queda claro que, mientras no se reforme la constitución, las autoridades de los CPIs, y no sólo éstas, están impedidas para acallar opiniones que sean emitidas con el debido respeto a las personas, en los términos del Artículo 6º.
Así que, en términos de derecho, quienes profesionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, por ahora tenemos la protección constitucional para opinar públicamente; de la misma manera toda persona.
Esto es muy relevante dado que no es infrecuente encontrar personas de voz crítica y analítica en la CTI; aunque sujetas a la condición humana, ya que también hay personas, en número nada despreciable, que son acomodaticias y oportunistas, que siguen el juego y hacen ronda a quienes en turno ocupan una silla de nombramiento.
Por ello esta entrega resalta que una cosa es el derecho y otra el hecho, veamos.
Aunque es más complejo, podemos retomar que el totalitarismo se define como una doctrina y régimen político en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial; esta forma doctrinaria obviamente limita las libertades de las personas y contraviene derechos humanos, así ha sido demostrado desde el Siglo XX cuando se desarrolló.
Hay componentes de complejidad en México, entre las que se hallan las siguientes:
(1) Algunos partidos políticos juegan comparsa para preservar privilegios y negociar posiciones, por lo que se aparenta haber mas de un partido; esta estrategia data de tiempos postrevolucionarios con el extinto PARM.
(2) En la condición actual, en este año, la oposición se desvanece cada día mientras la hegemonía partidista guinda se fortalece con la centralización y control coactivo de quienes no se alinean, y
(3) Los contrapesos institucionales del ejecutivo federal o son amenazados o están dominados por determinaciones, intenciones y decisiones centralizadas en Palacio Nacional; por ahora Palacio Nacional ha sido relativamente contenido, situación frágil si la mayoría legislativa de, guinda y aliados, alcanzare el porcentaje de curules para ser calificada.
El caso de la jueza en Veracruz ilustra que, si el poder judicial está bajo asedio, también la comunidad en CTI, como otras, lo puede estar; ilustra tanto como las agresiones a la SCJN, las oficiales y las callejeras.
Si bien los ataques a la CTI al momento son de cuidado, hasta ahora estos embates han sido débiles y torpes, pero podrían arreciarse si el Ojo de Mordor en Palacio Nacional vira a este sector en los pocos meses que quedan de esta administración y podría empeorar según resulte de los eventos y procesos electorales al 2024.
Es decir, entre otros casos documentados, se ha intentado encarcelar a colegas que colaboraron en la administración en el sexenio pasado; se ha presionado, hostigado y perseguido comunidades e instituciones, como el caso de CIDE; incluso se oprime a universidades tanto públicas como privadas, para las primeras sirvan de ejemplo la de Guadalajara y la UNAM mientras que para las segundas está el caso de la UDLAP; señalamientos a la fundación dirigida por un reciente ex rector de la UNAM muestra que tienen un ojo al gato y otro al garabato, pero aun no han concentrado la atención en la CTI.
Aun es que la protección de la ley ha permitido que esos embates sean contenidos sin mayores efectos, aunque podrían, en breve, ser mas frecuentes y vigorosos.
El totalitarismo cierne sobre la CTI, no es exageración ni oposición radicalizada, es advertencia para no se diga “no se podía saber”.
Por ahora actos de las personas en CTI como sus opiniones tienen salvaguardia constitucional, estemos alerta.
