Las asociaciones en defensa de los derechos humanos y el ejercicio libre periodístico solicitaron al Congreso del Estado diversificar los tipos de agresiones que pueden sufrir ambos sectores, para la protección íntegra de sus derechos.
Lo anterior durante el conversatorio Propuestas de Modificación y Observaciones al proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se dictamina actualmente en el Congreso.
En el conversatorio, la coordinadora de prevención e incidencia de la organización Artículo 19 A.C., Itzia Miravente Meraz, indicó que las agresiones ya no sólo se dan desde la documentación y para dañar físicamente, sino que también se puede observar un incremento en los entornos digitales, que impacta e inhiben la labor de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
También se observan daños patrimoniales, hostigamiento por parte de las autoridades a través de demandas por daño moral, desde la utilización de tipo penal, por lo que consideró que deben ser consideradas dentro del concepto de agresiones.
Itzia Miravente añadió que además de la protección de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, también se debe trabajar en acciones de prevención, en las que el combate a la impunidad es clave, para garantizar entornos seguros.
No obstante, no se recomienda que se generen mecanismos de protección locales que tengan facultades de análisis de riesgo, debido a que en los estados existe un amplio porcentaje de agresiones perpetradas por autoridades locales y municipales.
«No existe en la mayoría de los estados, la confianza de estas personas defensoras de solicitarle a la autoridad, que sería juez y parte, de que analice su riesgo y le asigne medidas de protección», explicó.
Por lo que señaló que las leyes de protección deben ir enfocadas en generar acciones de coordinación interinstitucional con el mecanismo de protección federal ya existente, y que cuenta las capacidades de análisis de riesgo.
De igual forma, Lucia Lagunes Huerta, periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C.(CIMAC), indicó que en las medidas de protección planteadas en el decreto se piensan en la lógica de seguridad a través del uso de chalecos antibalas, cuando se ha comprobado que las agresiones perpetradas contra periodistas y personas defensoras son de una amplia gama.
«No solamente son agresiones físicas, no son solamente agresiones psicológicas. Estamos hablando de procesos judiciales en los que el chaleco antibalas no les va a funcionar», comentó.
Por lo que se necesita mirar desde la lógica de derechos humanos para construir el andamiaje que permita garantizar que estos ejercicios se hagan de manera segura.
Añadió que también se ha constatado desde CIMAC las agresiones misóginas dirigidas a mujeres defensoras y periodistas a través de campañas de desprestigio y difamaciones en redes sociales.
Por lo que también debe mirarse las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres al momento de ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos, pues se genera un doble riesgo al tener una sociedad machista, sexista y misógina y que se potencia cuando las mujeres ejercen su profesión.
