El rezago legislativo que ha frenado las iniciativas ciudadanas de grupos minoritarios ha llevado a las colectivas a buscar nuevas estrategias para la aprobación de temas controversiales, como la despenalización del aborto. Las colectivas han replicado estrategias de despachos para desbloquear el estancamiento en el Congreso del Estado.

Este 08 de agosto se resolvió turnar un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TESLP/JDC/94/2024, presentado por Diana Idalia Montiel Espinoza, Alejandra Mendoza Araiza y Nuria Carmina Serrano Arriaga, miembros de la Colectiva Interrupción Legal del Embarazo en San Luis Potosí. El juicio se centra en la omisión del Congreso del Estado en la tramitación del proceso legislativo.

La magistrada Yolanda Pedroza Reyes será la encargada de elaborar el proyecto de resolución que podría permitir la votación para la despenalización del aborto en la próxima legislatura. Esta vía judicial podría forzar la inclusión del tema en el pleno, superando la falta de debate en la legislatura actual sobre asuntos complejos.

Hasta ahora, las colectivas feministas no han hecho comentarios sobre el proyecto de resolución del tribunal local, lo que deja abierta la posibilidad de manifestaciones frente al tribunal electoral para presionar por una resolución que facilite la despenalización del aborto.