San Salvador., viernes 30 de enero de 2026.- La violencia física encabeza las causas de muerte registradas en las prisiones de El Salvador en el contexto del régimen de excepción, que en marzo cumple cuatro años de vigencia, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
El documento señala que cerca del 32 % de al menos 470 fallecimientos documentados corresponden a muertes violentas, mientras que un 31.6 % se atribuye a la falta de atención médica por enfermedades. En otro 31.1 % de los casos, la causa de muerte permanece sin información confirmada, debido a que los datos oficiales se encuentran bajo reserva.
El informe, elaborado a partir de testimonios de familiares de las víctimas, detalla que el 4.7 % de los decesos fue clasificado como consecuencia de enfermedades terminales y el 0.9 % como aparentes suicidios.
SJH advierte que en pocos casos se realizó una inspección policial adecuada y que, pese a que muchos cuerpos presentaban señales visibles de violencia, las autoridades habrían registrado los fallecimientos bajo la figura de “sobreaveriguar muerte”, lo que, según la organización, evitaría que se investiguen como homicidios.
Asimismo, el reporte denuncia que en múltiples ocasiones los cuerpos fueron entregados a las familias en ataúdes cerrados, presuntamente para impedir su revisión, y que en algunos velorios se registró la presencia de policías o militares, lo cual habría generado un ambiente de intimidación para los familiares.
El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana. Desde entonces, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha defendido su continuidad con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
No obstante, el informe subraya que el 94 % de las personas fallecidas en prisión no eran pandilleros y, en la mayoría de los casos, no contaban con antecedentes penales o estos no estaban relacionados con estructuras criminales.
De acuerdo con el SJH, la mayor cantidad de muertes se ha registrado en el penal de Izalco, en el occidente del país, con 192 casos. En contraste, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad, solo se documentan cuatro fallecimientos, pese a que las autoridades de seguridad han asegurado que no se ha registrado ninguna muerte en ese centro penitenciario.