El principal adversario que enfrentarán los opositores mexicanos en la contienda presidencial del 2024 no se llama Morena y tampoco son los dueños de ese partido, sus candidatos o el mismísimo presidente.

No, la verdadera fuerza a la que enfrentará el voto ciudadano opositor es al poder del crimen organizado y de su “narco-partido”, sus “narco-gobiernos” y los “narco-candidatos” que postulará el partido oficial por todo el país en donde habrá elecciones municipales, estatales y federales.

Y es que, en los hechos, desde su origen, Morena no fue concebido y tampoco nació como un partido político convencional; una ideología política que busca acceder al poder.

No, lo cierto es que Morena siempre fue concebido como un “cártel-político”; un grupo mafioso cuya ideología es alcanzar el poder por la fuerza, la violencia, la extorsión y el crimen.

Más aún, desde 2017 aquí documenté –con pelos y señales–, la forma en que los grupos criminales de todo el país financiaron el nacimiento de Morena, a cambio de posiciones de poder, de protección y de impunidad; posiciones políticas, protección e impunidad que hoy están a la vista de todos, sea en el gobierno federal y en Palacio, sea en gobiernos estatales, gobiernos municipales y en todos los centros de poder.

Por eso, no resulta descabellado señalar que, en la boleta electoral del 2024, no estarán los aspirantes de Morena sino los “narco-candidatos” por lo que votarán electores ingenuos o fanáticos.

Pero si aún está vigente la “legión de idiotas” que llevó al poder a López Obrador y a su “cártel-político”, ya en el naciente 2024 vimos de los que son capaces los “narco-políticos”.

En efecto, en los primeros cinco días del 2024 se reportó el asesinato –a balazos–, de tres precandidatos opositores que competirían en las elecciones del 2024 en sus respectivos municipios.

El jueves 4 de enero fue asesinado a tiros, al interior de un gimnasio, Alfredo Giovanni Lezama, actualmente regidor de Asuntos de la Juventud, del municipio de Cuautla, Morelos y quien se había destapado como precandidato a la alcaldía de ese municipio por la alianza PRI, PAN y PRD.

Al día siguiente, el viernes 5 de enero, fue asesinado a balazos David Rey González, aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, por la misma coalición opositora.

Y también el viernes 5 de enero fue ultimado a tiros Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería, en Colima. En los tres casos el “modus operandi” es idéntico; hombres armados “cazan” a sus víctimas y se dan a la fuga sin que la autoridad detenga a los responsables.

Y ahora las preguntas: ¿Por qué y para qué asesinar a aspirantes opositores a puestos de elección popular? La respuesta la conocen todos.

1.- Con el asesinato de tal o cual opositor, los dueños de “las plazas” criminales de municipios, estados o posiciones federales mandan un mensaje claro y contundente: “plata o plomo”. 

2.- Al asesinar a un opositor al partido oficial, Morena le deja el camino libre a los “narco-candidatos” y garantiza la hegemonía del poder a los jefes de las plazas dominantes del lugar donde pretendía gobernar el opositor.

3.- De esa manera, asesinar a candidatos opositores a alcaldes, regidores, diputados locales, federales y/o gobernadores, garantiza la victoria al partido oficial y, al mismo tiempo, la permanencia en el poder de los cárteles criminales.

Y es que, si no lo sabían, la verdadera batalla por el 2024 se dará “en la parte de abajo” de la elección. Es decir, en los distritos electorales y en los municipios; territorios en donde el crimen organizado centrará su despliegue de fuerza a favor de Morena; votos arrancados por “la plata y/o el plomo” y que se sumarán a las elecciones presidencial y estatales.

Pero tampoco asistimos a una novedad.

Lo mismo ocurrió en las elecciones federales de 2018 y 2021, además de las estatales del 2022, pero la desmemoria colectiva es tal que hoy pocos lo recuerdan. Por eso, aquí un fragmento del Itinerario Político del 29 de junio del 2018, titulado: ¿Los “narcos” al poder?”.

“Pocos se han ocupado del tema. Muchos lo ignoran deliberadamente mientras la mayoría de los votantes son ajenos a la gravedad del problema.

“Nos referimos al escandaloso número de ciudadanos asesinados por motivos político-electorales –sean candidatos o militantes de distintos signos y rangos–, y al insólito número de candidatos que por temor, por amenazas o presiones directas dejaron la contienda.

“Según reportes del portal “Letra Roja” entre septiembre de 2017 y julio de 2018 fueron asesinados 120 ciudadanos vinculados al proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos y los atentados se dieron en los Estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, México, Guanajuato y Puebla.

“Una “perla” de la gravedad del tema la vemos hoy en el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos sólo en 2018.

“Pero esa es sólo una parte del problema, según el diario Excélsior en el proceso electoral “se bajaron” de la contienda 5 mil 700 candidatos, sobre todo en los Estados de Oaxaca, Michoacán y México. Sólo en Oaxaca el INE reportó la sustitución de mil 660 candidatos.

“Frente a las escalofriantes cifras, obliga preguntar: ¿Estamos ante una narco-elección? ¿Quién está detrás de los 120 asesinatos durante el proceso electoral? ¿Cuántos de los 48 candidatos que suplieron a los asesinados, fueron impuestos por el crimen organizado o el narcotráfico?

“¿Cuántos de los 5 mil 700 candidatos a puestos de elección que “se bajaron” de la contienda, lo hicieron por amenazas o presiones del crimen organizado? ¿Cuántos de los suplentes de esos 5 mil 700 que “se bajaron”, estarán al servicio del crimen?

“No sabemos si los suplentes de los candidatos asesinados o de los aspirantes que “se bajaron” de la contienda ganarán la elección. Por eso obliga volver a preguntar. ¿Cuántos diputados federales llegarán al Congreso gracias a sus vínculos con el narcotráfico? ¿Cuántos senadores estarán en un escaño porque deben favores al narco? ¿Cuántas de las miles de alcaldías que se renovarán el domingo próximo estarán encabezadas por un político impuesto por el crimen? ¿Cuántos de los 20 Congresos estatales que serán renovados tendrán poderosas “narco-bancadas”?

“El de la participación del narcotráfico y el crimen organizado en política y, sobre todo en elecciones, no es nuevo. Lo nuevo –y que alcanzó niveles de escándalo–, es la intervención montonera del crimen organizado en los procesos electorales en entidades como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Colima, Zacatecas y la CDMX.

“Nadie sabe cuál será el tamaño de las “narcobancadas”, el número de los narcoalcaldes, de diputados federales y senadores y hasta gobernadores que estarán al servicio del crimen.

“Lo que sí sabemos es que, como nunca, la elaboración de leyes estará en manos de matarifes, narcos, sicarios, huachicoleros, tratantes de blancas y administradores de las fortunas producto del crimen.

“¿Y qué partido político será el campeón en prestar su franquicia para los criminales? Si, se llama Morena. Al tiempo”. (Fin de la cita)

Si, la de 2018 fue una “narco-elección” de la que resultó electo el “narco-gobierno” de López Obrador, 

Y sí, en el 2024, en la boleta electoral muchos idiotas votarán por el “narco-partido” oficial, llamado Morena y por sus “narco-candidatos”.

Al tiempo.