La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra analizando un tema controversial para la justicia mexicana en el que se busca eliminar la prisión preventiva oficiosa una figura jurídica que mantiene a aquellas personas que se encuentran detenidos en estatus de reclusión en tanto el juzgado determina si es culpable o no de la comisión de un delito, teniendo casos en donde personas que serían inocentes están detenidos hasta 17 años obteniendo una condena absolutoria a la postre.

Esta figura ha causado debates entre quienes la defienden y quienes piden que se elimine, siendo una figura que según los tratados internacionales es violatoria de derechos humanos pues fomenta una presunción de culpabilidad y no de inocencia, sin embargo en los últimos dias ha generado una nueva confrontación entre la SCJN y la Presidencia de la República, siendo que con la eliminación de esta figura estarían fuera de los centros penitenciarios cerca de 68,000 personas que no tienen una sentencia definitiva de las cuales mil ochocientos siete son potosinos.

Según las cifras del Gobierno de la Republica a la entidad potosina le corresponderia liberar dicha cantidad de personas que podrán estar vinculadas a procesos acusados de homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, feminicidio, entre otros delitos, quienes llevarian su proceso en libertad pero sin una sentencia definitiva.

La decisión ha sido cuestionada fuertemente por la Presidencia de la república y la secretaría de gobernación quien defiende que la Suprema Corte de justicia de la nación se estaría extralimitando en sus funciones algo que para algunos juristas resulta falso, dejando en la autonomía del Poder Judicial esta decisión.

La administración pública defiende que manteniendo la Prisión Preventiva Oficiosa se estaría garantizando la comparecencia a juicio, evitando la fuga y protegiendo la seguridad de las víctimas y testigos. Argumenta que la SCJN se excede en sus facultades al proponer la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ya que esto tendría graves repercusiones en la seguridad y la justicia del país.