Con la finalidad de garantizar una independencia judicial del Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y el Legislativo, la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto de Egresos que prevé evitar recortes al sistema judicial estatal para que en lugar de disminuir se pueda ajustar al 3 por ciento del presupuesto general del estado y así evitar que sea menor a este tope en el futuro.
Uno de los grandes problemas que han enfrentado recientemente las instituciones, los organismos autónomos e incluso el Poder Judicial es el recorte a su presupuesto, que genera complicaciones para su operación ante las sanciones que emiten los poderes legislativos de los estados y la Federación.
La iniciativa de Saldaña Guerrero pretende otorgar la independencia presupuestaria y de funciones en cada año fiscal, lo cual no solamente implica un aumento a la par sino que se deberá otorgar, administrar, ejercer y justificar en los términos de la ley, con la búsqueda de combatir el rezago judicial y elevar la calidad de la impartición de justicia en el estado.
Se precisa además que el Congreso del Estado, al aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos de cada año, procurará que el incremento que se le otorgue al Poder Judicial sea por lo menos en el mismo porcentaje que se haya incrementado el presupuesto total de la entidad respecto del año anterior, para así tener un aumento real al presupuesto y que no sea únicamente el ajuste inflacionario.
Desde el ámbito jurídico esta propuesta es acompañada y aplaudida por el gremio del derecho, siendo uno de sus principales impulsores José Mario de la Garza Marroquín, abogado e impulsor de iniciativas ciudadanas y plataformas como Renace, ahora Perteneces, que busca dar acceso a la justicia a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos ni medios de defensa suficientes.
Aunque no se ha puesto una fecha para su aprobación, se ha impulsado desde las redes esta iniciativa, para que los demás legisladores puedan impulsar y aprobar en beneficio de los abogados postulantes, pero también en beneficio de la ciudadanía.
