En una decisión a favor de los socios conductores y los usuarios registrados en la plataforma de Uber en San Luis Potosí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.
Con esta decisión, la Corte establece un precedente que deja claro que leyes restrictivas como la aprobada por la legislatura local de San Luis Potosí atentan contra los derechos económicos de las personas y contra la movilidad en general.
La ministra Lenia Batres señaló como «arbitrarias e injustificadas» diversas exigencias de la ley, entre ellas el elevado valor monetario que se exige a los vehículos que utilizan las plataformas, así como la antigüedad máxima de 5 años de dichos vehículos.
Asimismo, el ministro Luis María Aguilar calificó como «excesivas» las multas propuestas por la ley en caso de infracción.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel hizo hincapié en que la prohibición de pagos en efectivo de viajes realizados a través de plataformas como Uber restringe el acceso a sectores mayoritarios de la población que no cuentan con métodos de pago como tarjetas de crédito.
«En Uber siempre celebraremos fallos judiciales que permitan a los socios conductores tener más y mejores oportunidades para generar ganancias, y que permitan a los usuarios tener el derecho y la libertad de elegir su método preferido de movilidad en las ciudades», afirmó Ezequiel Gil, gerente de Asuntos Públicos de Uber en México.
«Cuanto más personas tengan acceso a mayores opciones de movilidad, más beneficios tendrá nuestra sociedad», remarcó Gil.
Uber reconoce el trabajo de los Ministros de la Suprema Corte y celebra su defensa de los habitantes de San Luis Potosí a favor de una regulación que contribuya a una mejor movilidad en el estado.
