El pasado 8 de mayo se publicó el decreto de la ley en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, que propuso CONACYT sin consulta alguna, aunque se propagandee lo contrario; es esa que violentando los procesos legislativos está incluida en el paquete que se votó de manera exprés e irregular hace pocos días.
Ahora, ya que está publicado el decreto, se espera se interpongan recursos ante la SCJN sobre la validez del proceso legislativo, sobre lo cual hay tiempos limitados por ley para impugnar el asunto; recordemos que hay una sentencia reciente, con 9 votos a favor y 2 en contra, que desecha la primera parte del llamado Plan B al 2024.
El CONACYT pronto de apresurado ha actualizado su logotipo en todas sus redes, no tardará en imponer la nueva papelería a todos los centros públicos de investigación que coordina; no, no olvidé la “H”, sino que espero la resolución de autoridad competente o que se cumplan los plazos de ley para que surta efecto el decreto –ya entró en vigor, pero falta el citado proceso jurídico-.
Es posible que la resolución del máximo tribunal de la república mexicana sentencie en el mismo sentido sobre el manejo y respeto a los procedimientos legislativos, los cuales son constitucionales.
En ese contexto realista, permita usted que en esta entrega haga un poco de futurismo para suponer que se reponga el proceso legislativo y se revote esta reforma en materia de CTI, la predicción es que, mientras la composición en el H. Congreso de la Unión sea la misma, se votará igual, sin cambios una vez más; ya se verá porque el calendario electoral vuela.
Si bien la prisa del CONACYT es desproporcionada, surge una pregunta: ¿será que esta reciente legislación en materia de CTI realmente sea progresista y abrirá oportunidades para México?, no, no lo hará.
Al margen de la desaseada y desastrosa redacción del decreto como normatividad (vea, como ejemplo, la fracción III del Artículo 3), la reforma votada no permitirá que México se inserte en los grandes retos de la CTI global, tampoco que la población reciba los beneficios de la propia generación y aplicación del conocimiento.
El asunto lo muestra, como botón, la producción de energía eléctrica por reactores de fisión nuclear (llamados Tokamak, así los puede buscar en internet).
Hay algunas variantes desde la CTI para esta opción energética, hace poco se reportó que se alcanzó a producir mas energía que la suministrada para iniciar la fisión nuclear; falta hacerlo de forma sostenida para que la tecnología migre a una planta que produzca varios megavatios, la meta son varias decenas de plantas en 2050, para lo cual deberán tener, al menos, una en operación para 2030.
La fisión nuclear tiene albores hace cerca de un siglo, pero es hasta ahora que, con el concurso de diversas disciplinas científico-tecnológicas, es viable económicamente para fincar una opción de sustentabilidad energética global.
Una de esas tecnologías está por liberar el reactor ITER, cuyo presupuesto al 2020 ha sido de 23,500 millones de dólares, ha sido recurso público de varios países (vea https://www.bbc.com/mundo/noticias-53576078); ese monto, en pesos actuales, representa mas de 10 años del presupuesto total en CTI que México destina en el PEF.
De hecho, ITER ha impulsado a empresas de base tecnológica en sus países, fundadas por profesionales de la CTI, que son parte de la cadena de proveeduría para consumar este proyecto; es decir, empresas privadas, con fines de lucro, fundadas por profesionales de la CTI, reciben presupuestos millonarios para impulsar este proyecto derivado de políticas públicas en las grandes potencias mundiales, claro que ello implica que sus obligaciones deben ser cumplidas.
La ley propuesta por CONACYT impide esta clase de estrategias derivadas de políticas públicas, destina a México a sólo ser consumidor de los productos que la CTI obtiene en otras latitudes; las misiones Artemis, el reactor ITER y muchos otros casos muestran que la de CONACYT es pírrica vanagloria.
