Magui Zacarías

Luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) ingresaron a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como parte de un operativo para localizar sustancias ilícitas en la institución y que no se tuvieran detenciones, el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Zermeño Guerra, afirmó que es una minoría de estudiantes universitarios los que incurren en actos ilícitos.

Explicó que las autoridades escolares no pueden pretender que no existe el problema y es complicado erradicarlo por completo, ya que la revisión de estudiantes atenta contra los derechos humanos de los alumnos. 

“Es imposible pensar que no exista alguien que consuma, sería cerrarnos los ojos, el problema existe y negarlo sería absurdo porque es una situación que pasa, afortunadamente es una minoría de los jóvenes los que consumen y que nosotros hemos detectado el consumo y se hizo un operativo por nuestra seguridad universitaria y nuestros derechos universitarios para proteger los derechos humanos de las personas”.

Sobre el riesgo que representa esta situación que puede derivar en el ingreso de sustancias ilícitas y armas, lamentó que sea una situación que no pueda frenarse por los protocolos de la universidad; sin embargo, aseguró que se hace énfasis en el trabajo para erradicar estas prácticas mediante cursos, charlas y talleres para los estudiantes sobre la concientización del consumo de este tipo de sustancias.

En el caso del estudiante acusado de narcomenudeo, explicó que por reglamento se le tenía que expulsar, pero el joven solicitó previamente su baja a la que tenía derecho, de no haberlo hecho en la próxima sesión del Consejo Universitario lo habría expulsado.

Finalmente agregó que esta no es la primera ocasión en que las autoridades estatales han ingresado a la Autónoma, pues hace alrededor de año y medio ingresaron para detener a una persona que presuntamente vendía plazas escolares para la Facultad de Agronomía, por lo que lo detuvieron por el delito de fraude. 

«La universidad por más autonomía que tenga no puede proteger a las personas de un delito», concluyó.