Ante el asombro de propios y extraños –en realidad ante el espanto general–, el presidente mexicano solapó a militares y marinos, presuntos implicados en el crimen de “los 43” de Ayotzinapa.

Peor aún, a los ojos del mundo, el propio López Obrador encubrió a las bandas criminales de Sinaloa y Jalisco y ratificó, con ello, una alianza perversa entre su gobierno y el crimen organizado que domina más del 80 por ciento del territorio nacional.

Sí, nunca en la historia moderna de México, un mandatario había solapado con tal desfachatez y cinismo la presunta violación de derechos humanos, cometida por militares y marinos, además de un crimen de Estado como el ocurrido en Iguala y, al mismo tiempo, un presidente nunca había avalado una alianza de Estado con las más peligrosas bandas criminales.

Y es que AMLO no sólo desmintió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acusó encubrimiento oficial en el caso de “los 43 de Iguala”, sino que rechazó el aterrador informe de la agencia norteamericana contra las drogas, la DEA, sobre el empoderamiento en México y el mundo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

Y frente a tal complicidad oficial, obliga preguntar: ¿Qué oculta el presidente López Obrador; a quien encubre? ¿Por qué solapa a militares y marinos? ¿Por qué defiende a sus socios del crimen organizado? 

Pero vamos por partes.

En días pasados, tanto el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, como un centenar de ONGs lamentaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hayan abandonado el caso Ayotzinapa, debido a que la Marina y la Sedena se negaron a entregar toda la información requerida sobre el caso.

La presunta complicidad de militares y marinos refuerza la hipótesis de un crimen de Estado, además de una clara violación de Derechos Humanos.

En otras palabras, se presume complicidad entre las bandas criminales que “levantaron y asesinaron” a los estudiantes de Ayotzinapa, con militares y marinos de las regiones militar y naval de Iguala y Guerrero.

Pero el verdadero escándalo está en el autoritarismo exhibido por López Obrador –propio de un dictador–, quien se negó a que los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, respondieran las preguntas de los reporteros.

Así fue la complicidad del mandatario mexicano: “Yo voy a dar la opinión […] soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, aparte de presidente de México […] por eso quiero contestar yo, porque no es cierto, porque es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento; no tienen razón, es una campaña para socavar, debilitar a las Fuerzas Armadas.

“Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían en la cárcel dos generales, por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa […] lo que sucede es de que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército Mexicano, sin pruebas, sin elementos”, (FIN DE LA CITA)

¿Qué oculta el presidente mexicano? ¿Por qué se negó a que respondieran los titulares de Sedena y Marina? ¿Será que solapa al almirante Rafael Ojeda, titular de La Marina y jefe de la Zona Naval en Guerrero cuando se produjo el crimen de “Los 43”?

Sí, López Obrador podrá decir misa, pero lo cierto es que solapa y encubre un crimen de Estado; el mismo crimen que utilizó con fines político electorales y para desacreditar al gobierno de Peña Nieto; crimen que hoy se revierte por la complicidad de AMLO con los Abarca.

Pero también en días pasados, la DEA dio a conocer cifras aterradoras sobre el peso y la influencia de los cárteles más poderosos: Sinaloa y Jalisco.

Según la agencia norteamericana, DEA, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen presencia en 20 entidades de la geografía mexicana, en 100 países y su ejército criminal conjunto es superior a los 45 mil efectivos.

En otras palabras, resulta que la capacidad operativa de los dos grupos criminales casi iguala al tamaño de los efectivos de La Marina, que cuenta con 46 mil efectivos y significa el 45 por ciento de la fuerza operativa de la Sedena, que tiene en promedio 100 mil elementos. 

Y es que, según la DEA, el grupo criminal de Sinaloa tiene reclutadas a 26 mil personas, mientras que el de Jalisco alcanza casi los 19 mil integrantes.

Dicho de otro modo, se confirma que las bandas criminales mexicanas cuentan con un ejército capaz de hacer retroceder a la Guardia Nacional, a la Sedena y la Marina en casi cualquier terreno.

Un empoderamiento que se catalizó gracias a la alianza con el gobierno de López Obrador; hermandad que, además de los negocios criminales, tiene una poderosa rentabilidad político-electoral.

Sin embargo, al preguntarle a Obrador sobre el informe de la DEA, su respuesta fue la misma: tiene otros datos y pidió pruebas.

En pocas palabras, López encubre a los grupos criminales.

Y por eso volvemos a preguntar ¿Qué esconde, a quien solapa y protege, presidente?

Al tiempo.