Desde el inicio de la administración pública federal actual, a finales de 2018, la comunidad científica mexicana ha señalado, reiteradamente, el discurso vacío desde CONACYT; asunto que no es menor si se toma en cuenta que ese discurso ha evolucionado en herramienta y justificación para elaborar políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, e incluso para proponer y motivar la iniciativa de reforma de ley en esta materia.
En vez de tomar el análisis crítico como una oportunidad para mejorar, argumentar o corregir, CONACYT ha seguido la línea oficial de auto-victimizarse al denostar dicho análisis y señalarlo de dolosa formulación desde adversarios neoliberales; lo mismo hace la jefa de gobierno de la CDMX en relación a los hechos en el transporte colectivo metro y no es infrecuente que la homilía mañanera de palacio también se convierta en un mensaje de esa naturaleza hacia sus huestes.
El hecho es que, cada vez mas, las limitadas reflexiones oficialistas se enredan en sus aseveraciones.
Tan así que recientemente se filtró una consulta hecha al CONACYT, a través del portal de transparencia, en la que se le solicita la definición de “ciencia neoliberal”; palabras usadas repetidamente por la directora general de CONACYT en su discurso, pero, además como se dijo arriba, en motivaciones formales y oficiales para elaborar tanto las políticas públicas en CTI como la propuesta de reforma de ley en esta materia.
La respuesta de CONACYT, según hizo saber en sus redes quién hizo la consulta formal, desde el Estado Norteamericano de California, es que no existe definición alguna para la llamada “ciencia neoliberal”.
Empero, está ampliamente documentado que las palabras han sido usadas por CONACYT en el sentido señalado arriba.
Luego, un conjunto de cuestionamientos obvios salta a la vista de cualquiera con mas de tres dedos de frente.
Entre otras mas, si no existe definición de este concepto y éste es usado como motivación oficial, ¿cómo es que elaboran políticas públicas y programas de ejercicio de recurso público en materia de CTI?, ¿se fincan responsabilidades para CONACYT al elaborar programas, ejercer recurso y sesgar el ejercicio financiero en CTI contra la “ciencia neoliberal”? ¿quiénes legislan serán cómplices del disparate normativo cuando se motiva una reforma de ley con conceptos vacíos e indefinidos como éste?
Lo grave de la situación en CONACYT es que, en el orbe, se está dando una crisis en las instituciones de educación superior con vocación en CTI con tres motores principales.
Uno de los motores de la crisis internacional se finca en los indicadores por publicaciones científicas; situación impulsada por el modelo editorial de acceso abierto que por un lado propicia mayor distribución del conocimiento reportado, pero, por otro, ha relajado la calidad de las contribuciones científicas publicadas.
Otro motor es el hecho que, en países líderes mundiales, se está dando una migración de científicos desde instituciones educativas a empresas privadas de base tecnológica; lo cual se combina con una tendencia decreciente en la matrícula en áreas relativas a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por las siglas en inglés).
El tercer motor es el vertiginoso desarrollo de dispositivos e interconexión global derivado de tecnologías informático-computacionales y la explosión de herramientas como la inteligencia artificial; hecho que requiere el concurso de cumplimiento y adaptación normativa en todos los países para propiciar el beneficio de tales desarrollos tecnológicos a la par que se regula su uso y el mercado.
Así, en lugar de impulsar políticas públicas progresistas y de avanzada, CONACYT se apega a un discurso oficial dislocado de la realidad en CTI, STEM y otras tendencias mundiales.
CONACYT se aferra a la elaboración de estrategias públicas ideologizadas con base en conceptos fatuos, superfluos e inútiles.
De ahí el peligroso discurso vacío que podría quedar como ley general en México.
