El otrora CONACYT va de mal en peor, no mejorará al cierre sexenal; se supo de su participación como encuestadora para el tema de adicciones y ahora se ha hecho público que fundará una empresa biomédica llamada “Innova Bienestar”.
Cada vez que el Gobierno funda empresas para atender necesidades, donde puede hacerlo la iniciativa privada, resulta que los impuestos pagados por obligados fiscales van en su contra ya que las primeras, las de gobierno, compiten por el mercado con el capital privado mientras se financia con los impuestos mismos.
Para continuar con los disparates, la alianza empresarial pública es con la Secretaría del Bienestar, pero no con Economía o ningún otro ente público de fomento; tampoco se formula una etapa tal que la iniciativa evolucione hacia el quehacer del capital privado.
Quizá el plan es que los funcionarios realicen una posterior faceta de empresarios a partir de sus decisiones con recurso público; en cuyo caso la falta podría ser punible, rastrear el asunto sería relevante para la constitución, que no fabricación, de pruebas.
Indubitablemente hacen falta productos para garantizar movilidad en el contexto de inclusión de personas con diferentes condiciones y capacidades, también es favorable el fomento empresarial con base tecnológica para esta clase de productos, tanto como otros diversos; ello significaría una mejor sociedad sin duda, particularmente si los productos son de costo accesible.
El punto es la competencia en el contexto del servicio público, no es competencia de CONACYT el fomento empresarial, para eso está la Secretaría de Economía y otros entes gubernamentales, locales y federales.
CONACYT, en el tema, debe estar financiando investigación científica en Sistemas Biomédicos y Biotecnológicos, pero el discurso del CONACYT es excluyente de estas áreas de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; también le compete propiciar la protección de propiedad industrial de los desarrollos tecnológicos en cualquier forma; patentes (de alcance internacional), modelo de utilidad o, inclusive, secreto industrial.
Para que no divague CONACYT, ya que su dogmática naturaleza les es castrante, se debe puntualizar que la protección de propiedad industrial de esos productos de la CTI, como de otros existentes, podría licenciarse sin costo cuando tenga efectos e impactos sociales o bien podría haber retorno de inversión para financiar mas investigación en CTI.
A este espacio consta que hay grupos en algunas universidades y centros públicos de investigación que tienen productos en CTI, muy valiosos, en materia de Sistemas Biomédicos, como, sólo para ilustrar con algunos ejemplos, prótesis, exoesqueletos, dispositivos como páncreas artificial y muchos mas.
Pero también consta la falta de financiamiento para sostener los avances que han obtenido, situación bajo la cual otros grupos del mundo les rebasan sin que esté en manos de esos profesionales de la CTI disminuir la brecha del conocimiento y su aplicación en esa materia; no se omita que esta situación no es particular de Sistemas Biomédicos, de hecho, este sexenio se ha generalizado y agudizado en casi todas las áreas del saber humano.
Es decir, lo que sí le compete a CONACYT es impulsar y fortalecer grupos de investigación científica tanto como propiciar, con base en la ley de la CTI, políticas públicas para que sea la iniciativa privada quien corra riesgo y reciba los beneficios de la colocación en mercado de productos; reiteremos que, de los beneficios se puede retornar la inversión al CONACYT mismo.
Dentro de las políticas públicas se puede permitir, por ejemplo, que instituciones y profesionales de la CTI tengan participación de los beneficios, aquí la referencia es para quienes hayan generado el conocimiento concretado en el desarrollo tecnológico como innovación (producto aceptado por el mercado); el resto sólo serían inversionista de su capital propio y no del recurso público como lo está haciendo CONACYT con la empresa comentada arriba.
