En muchas áreas ha resultado que la administración del gobierno federal actual es la peor en muchas décadas; se hace referencia a aquello que sí es resultado de las decisiones de gobierno y no de las instituciones del estado como, por ejemplo, los actos para una inflación estabilizada, hecho que es atribución y competencia del Banco de México, institución que no es parte del gobierno federal, sino autónoma constitucional del Estado Mexicano.
Aquí se trata de actos de gobierno con relevancia para la población mexicana, que son medibles y cuya cuantificación hace evidente el deterioro, lo cual acota a las opiniones politizadas en la homilía mañanera, como en seguridad pública, índices de violencia, relaciones internacionales y, específicamente, Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, entre otras muchas materias.
Los ejemplos abundan entre iniciativas y reformas disfuncionales e inconstitucionales, delimitadas por lluvia de amparos, como las reformas energética y electoral o bien en decretos como el caso de la prohibición de importación para maíz transgénico, que, sin el respaldo y resultados científicos sólidos, podrá llevar a sanciones en el marco de T-MEC, instrumento formal de comercio internacional con rango constitucional por haber sido signado en el Senado de la República.
Las consecuencias de una pésima administración y gobierno federal empiezan a emerger, como en los casos siguientes que, enunciativa mas no limitativamente, se encuentran.
(a) El AIFA no consolida el número de operaciones mientras que AICM se cae, casi literalmente, a pedazos y tampoco el de Toluca ha crecido significantemente en las operaciones diarias.
(b) Cada vez es mas escasamente probable se inaugure un Tren Maya funcional y operativo, sin contar que se incrementan las voces internacionales que señalan ecocidio, de afectación global, y hasta etnocidio contra poblaciones mayas.
(c) Enorme deterioro de instituciones mexicanas voluntariamente inducido, como el que en la Cámara de Diputados circula un proyecto de iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UNAM a fin que se cambie el proceso de designación del Rector por uno de votación directa; aunque al interior de esta universidad hay seguridad que el proyecto no prosperará, hago votos para ello, el hecho de una mayoría legislativa cuatroteísta anuncia una posible batalla legal y política.
Y (d), pocas por espacio, no ha habido ningún proceso ni intención real de descentralizar la administración federal, al contrario, la centralización se fortalece en iniciativas de reforma como en el caso de CTI, dónde se pretende delimitación fáctica del quehacer científico a una agenda dictada desde CONACYT.
Ya en cuanto a CTI, además de lo dicho en el inciso (d), debemos puntualizar lo siguiente.
Es un hecho que las administraciones anteriores dejaron facturas pendientes por no haber sabido resolver necesidades normativas por omisión o incapacidad; como el caso de su inacción para reformar las normas en CTI, hacia la autonomía constitucional de CONACYT y sus centros, que permitiera defender los avances en la integración de diversos sectores dentro el ecosistema científico, así como asegurar los recursos financieros para el quehacer del saber mediante fideicomisos.
Ante lo anterior, los actos del gobierno federal actual han sido detestables en materia de CTI.
Entre los grandes desatinos destacan: La extinción de los fideicomisos de CONACYT, incluidos los de los Cetros de Investigación; disfunción de programas que medianamente funcionaban, recién hace unos meses, casi al cierre del sexenio, que empiezan regularizarse aun cuando todavía son tardíos e inoperantes; la distancia y descrédito contra la comunidad científica mexicana; el apoyo a decretos, como el consabido asunto del maíz transgénico, sin proveer respaldo científico irrefutable que impida a México perder en los paneles de T-MEC; y un muy largo etcétera.
Sin duda, las decisiones, actos y administración del CONACYT actual han sido las peores en décadas.
