Los que esperan revelaciones en el caso García Luna que conduzcan a persecuciones penales formales contra expresidentes de México y algunos otros funcionarios podrían quedar decepcionados porque el juicio contra el secretario de Seguridad Pública calderonista no responderá a los intereses del presidente de México ni a los de la oposición o de la sociedad, sino que se trata de un proceso judicial que responde solo a los intereses de Estados Unidos.

El juicio contra el gran jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, es un ejemplo: también había deslizado suposiciones de revelación de toda la red de intereses políticos de alto nivel del capo en la estructura de los poderes mexicanos, pero al final el proceso fue conducido solo para enviar a la cárcel al narcotraficante, sin preocuparse por las ramificaciones políticas ni menos por la estructura del poder de la impresionante célula del CdS dentro de Estados Unidos como la principal organización criminal mexicana que domina, según la DEA, el contrabando, la distribución dentro de EU de la droga y la venta al menudeo en las calles americanas.

La lista de testigos contra García Luna está orientada solo hundirlo en sospechas de protección al Cártel de Sinaloa, pero no hay intenciones de ir más allá porque la estructura de protección política-institucional del crimen organizado también involucra a altos niveles del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos que permite el tráfico y la venta de drogas en su interior.

Los juicios penales en EU responden a la lógica local:

–No importan mucho las pruebas contundentes, porque la declaración de culpable o no-culpable la toma un jurado que carece de especialidad en derecho y que se moverá por sus percepciones muy estadounidenses.

–Tampoco se tratará de un juicio contra México o contra sus gobiernos, porque todos ellos han sido avalados y certificados por el sistema de seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de los hoyos de corrupción que hacen parecer esa relación un queso gruyere.

–El juicio no está armado para desarticular la estructura de los cárteles mexicanos que tienen el control de la droga dentro de EU, porque el día en que falte suministro de droga en las calles podría estallar una verdadera revuelta interna ingobernable.

–Los juicios contra capos mexicanos en Estados Unidos no han modificado ni un milímetro la estructura y organización de los cárteles en México y en EU. Ahora mismo, el operador de la producción y tráfico de fentanilo a EU, Ovidio Guzmán López, está preso en México, pero ahora sabemos que ni siquiera hay una solicitud formal de extradición ni tampoco orden de arresto en contra de Ovidio Guzmán López, al grado de que pudiera darse el caso que de Washington no llegue la formalización de la extradición y Ovidio tenga que ser liberado por segunda vez.

–La estructura de los juicios populares en Estados Unidos forma parte de su tradición y sus resultados se basan en la personalización del delito y en la decisión de un jurado en función de su percepción sobre las pruebas, sin importar si son contundentes. Es larga la lista de sentenciados en juicios populares que resultaron inocentes y que fueron dictaminados culpables por las percepciones y sensaciones de los jurados.

–El juicio tiene como escenario político estadounidense el hecho de que se trataría de una persecución de la DEA contra García Luna y que las acusaciones se centran en tres o cuatro sucesos que en la lógica pudieran ser increíbles, pero que los razonamientos de los fiscales y la manipulación de los testigos podría conducir a declaratoria de culpabilidad.

–El sistema judicial americano no califica la credibilidad u honorabilidad de los testigos, uno de los argumentos de la defensa, porque buena parte de los elementos para enjuiciar a delincuentes provienen de otros delincuentes y sobre todo de arreglos que perdonan delitos a cambio de acusaciones.

–Al final de cuentas, el verdadero juicio en contra de García Luna debería darse para identificar una grave falla en el sistema de inteligencia de EU porque le dieron información privilegiada al funcionario mexicano como jefe policiaco y como secretario de seguridad, a pesar de existir elementos declarativos de que sus complicidades con el narco venían desde el sexenio de Fox.

–El Gobierno de EU no ha explicado cómo el Departamento de Justicia permite que dos brazos operativos –la DEA y el FBI– se confronten en un tribunal y revelen una severa crisis en la Comunidad de Inteligencia americana por fugas de información.

En este contexto, el juicio se dará en función de los intereses de EU.