CONACYT ha ordenado a los Centros Públicos de Investigación, CPIs, que distribuyan el texto de la iniciativa que pretende abrogar la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, vigente para proponer un disparate ideologizado.
Ante la orden, poco margen ha habido para titulares de los CPIs, quienes en sumisión y de cabeza baja han entablado una distribución intensa y tardía, mas a manera de justificación que como consulta; es decir, la iniciativa ya ha sido enviada a la cámara de diputados, dónde seguramente, sin modificar ni una coma, será aprobada para tunarla al Senado y al final emitir el decreto correspondiente.
La sumisión de los CPIs se enlaza con la del legislativo bicameral ya que la mayoría requerida en el Congreso de la Unión obedecerá ciegamente a Huey Tlatoani.
El riesgo es que, de suceder lo previsible, esta iniciativa será una de carácter general, de cumplimiento en todo el territorio y todo nivel de gobierno; no olvidemos que no pretende sea una reforma constitucional y quizá, como otras reformas en este sexenio, resulte en una carretada de amparos.
La iniciativa busca imponer obligaciones y estructura, incluso, a los poderes legislativos locales, a quienes ordena constituyan unos, mal llamados, “organismos consultivos locales”.
En otras palabras, la iniciativa busca una estructura medular al estilo de la norma en materia electoral, con un organismo central y otros locales; pero hay dos enormes diferencias: (a) Que la materia electoral y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, tienen naturaleza distinta en todo sentido; la ley en la primera busca normar mecanismos para alcanzar y preservar el poder, mientras que para la segunda debería proveer estructura para atender necesidades no de poder sino de la sociedad; y (b) la norma electoral regula eventos en lapsos predefinidos, para lo local y federal, es decir, el proceso electoral, mientras que la CTI es continua en el tiempo, de realidad transtrienal y transexenal tanto como de alcance mundial.
Así que, como ha sido detallado en la entrega del miércoles pasado, la intromisión centralista en los poderes ejecutivos y legislativos de los estados no sólo rebasa la soberanía de las entidades federativas, sino que desconoce la naturaleza de la CTI.
Quizá, en parte, éstas lleguen a ser fuentes de los amparos citados arriba.
De lo dicho en los párrafos anteriores, entre otras causas, se deriva que la estructura propuesta en la iniciativa es parte del disparate; de hecho, de aprobarse como está, propiciará una disfunción mayor que la actual LCyT ya que desconoce la naturaleza del quehacer de los saberes científicos.
Otra componente del disparate de la iniciativa puede ser descrita como partidista; me explico.
Mientras que la iniciativa implica la imposición de una agenda nacional a todo nivel de gobierno, controlada desde el centro mediante un organismo del gobierno federal, con alcances programáticos, presupuestales, financieros y mas, se les pedirá a las comunidades de los CPIs que propongan, mediante asambleas generales, los programas de los CPIs mismos (con las universidades públicas no se meten por el concepto de autonomía, pero ganas no les faltaron).
Los programas emanados de tales asambleas generales también deberán ser alineados a la agenda nacional, impuesta por CONACYT, situación que acabará con la autonomía, la libertad de cátedra y dotará de una estructura partidista central a la ciencia mexicana.
El resultado será una burocracia viscosa y espesa que complicará el funcionamiento y operación científica hacia soluciones de problemas reales.
Los problemas medioambientales ahí están tanto como los de salud (diabetes mellitus, cardiovasculares, epidemiológicos, etcétera) también los energéticos, de materiales, la comprensión del funcionamiento del cerebro, y muchísimos mas; los problemas científicos existen sin que una estructura centralista defina, permee y use una agenda como instrumento de control de masas.
No dude, ésta es una iniciativa y un disparate.
