CONACYT ha sido dirigido por 14 personas desde su creación a inicios de la década de 1970; creación sucedida mas por presiones internacionales que por convicción propia.

Este consejo fue creado, ahí se preserva, para ser un organismo consultor del Estado Mexicano a fin elaborar las políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

Para el año 2000, la administración federal de ese entonces manejó la idea de convertir a CONACYT en una secretaría de estado, que bueno que no sucedió pues la autonomía en CTI es un baluarte que aun debemos consolidar; esta columna opina que CONACYT debe evolucionar a ser un organismo constitucional autónomo.

No perdamos de vista que México tardó decenios para tener una normatividad federal en materia de CTI, es la Ley de Ciencia y Tecnología aun vigente, cuya mas reciente reforma data del año 2022 y que ahora se quiere abrogar para decretar una ley general peor que la norma actual.

Las entidades federativas establecieron su quehacer científico, normativamente hablando, hasta pasada la década de 1990; unas un poco antes y la mayoría lo hicieron hasta el siglo actual.

En contraste, algunas universidades públicas, federales o estatales, cuentan su historia desde hace cerca de 100 años o mas si se toma en cuenta a las instituciones previas que derivaron en las actuales universidades; allá por 1850, por ejemplo, en Oaxaca coexistieron el Instituto de Ciencias y Artes con el Seminario católico para la formación de cuadros mediante la educación institucionalizada.

El caso de Oaxaca se replica en diferentes entidades, con elementos históricos característicos de cada región, pero, a la vez, con componentes de similitud.

Además, no podemos olvidar que los modelos de autonomía o estatismo universitario fueron discutidos en los albores posrevolucionarios; fue al cierre del siglo pasado que las universidades que optaron por el modelo estatista – como U. de Guadalajara, la Veracruzana y otras pocas- evolucionaron hacia su autonomía institucional.

No sorprende que México, dada la historia tan disímbola, tenga tal grado de desestructura para la CTI, situación que se agrava por la gran dependencia de recurso público federal sin complementos significativos de capital privado.

Que prácticamente sólo sea el recurso público federal lo que México invierte en CTI es una enorme debilidad, la cual amenaza al sistema científico nacional cada vez que disparates se postulan como política pública; mas aún cuando el recurso financiero es escaso y decreciente en términos reales, ahí están las cifras en el PEF de cada año.

En parte, los hechos históricos compendiados brevemente arriba sustentan la fragilidad de la CTI mexicana.

Otro elemento que desfavorece, en conjunto con lo dicho arriba, es que las políticas públicas en CTI están sexenalizadas; hecho que fuerza a dar golpes de timón en esta materia sin que se propicien ni consoliden políticas públicas de largo aliento.

Destemporizar las políticas públicas en CTI a la elección de gobierno federal es muy relevante para la sostenibilidad de programas, ya que la naturaleza de la CTI no es de lapsos politizados; de ahí la relevancia de la autonomía constitucional autónoma para CONACYT y los Centros Públicos de Investigación que éste coordina.

Sólo por poner en contraste, los programas espaciales de las grandes potencias duran decenios, así los de energía, salud, medioambiente, alimentos, etcétera.

Luego entonces, desde 1970, hace poco mas de 50 años, nada pues, los esfuerzos en México han sido débiles, desestructurados, cambiantes en el corto plazo y de escaso financiamiento público y privado.

Lo anterior motiva una reforma normativa en materia de CTI, sí, lo hace; pero la iniciativa enviada desde Palacio Nacional es un retroceso con origen en la ideologización y el partidismo.

Como vamos, peor aun con la iniciativa palaciega, no podremos ejercer el derecho a los beneficios de la CTI sino como consumidores de aquello desarrollado en otros países.