En el país, la impunidad en la justicia penal no sólo predomina, sino que aumenta, pues la media nacional en 2022 subió a 96.3 por ciento cuando en 2021 fue de 91.8, es decir, aumentó 4.5 puntos porcentuales, según el estudio Hallazgos desde lo local 2022 de México Evalúa.

La impunidad está ligada a la falta de atención, investigación y resolución de casos que son conocidos por las autoridades y en México sólo cuatro de cada 100 delitos son investigados.

En el caso de San Luis Potosí, la impunidad en 2022 llegó a 98.6 por ciento, lo que ubicó al estado con el sexto peor porcentaje, según el estudio Hallazgos de México Evalúa. 

La entidad potosina presenta niveles de impunidad de más de 90 por ciento en los 12 delitos más graves, según este centro de estudios.

En el documento Hallazgos desde lo local 2021. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en San Luis Potosí se informaron las condiciones de un sistema de seguridad y justicia penal estatal en transición a partir del cambio de gobierno en 2021. 

En el primer año del nuevo gobierno se registró un aumento en la incidencia delictiva de 11.5 por ciento al mismo tiempo que disminuyeron 1.1 por ciento los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto como la extorsión, secuestro y narcomenudeo, mientras que crecieron los robos con violencia y violencia familiar. 

México Evalúa analiza y compara las cifras nacionales, las tendencias de los delitos más frecuentes o que más impacto generan entre los potosinos, como el robo, violencia familiar, homicidio, feminicidio, violación, secuestro, extorsión y narcomenudeo.

A partir del 26 de septiembre de 2021, cuando tomó posesión Ricardo Gallardo Cardona como gobernador, fue presentado en el Congreso el Plan Estatal de Desarrollo, el cual consta de cuatros ejes: Bienestar para San Luis, Seguridad y Justicia para San Luis, Economía Sustentable para San Luis y Gobierno Responsable para San Luis.

En el eje de Seguridad y Justicia del actual gobierno no queda claro cómo se trabaja en las Mesas de coordinación para la construcción de paz en San Luis Potosí, pues en estas participan autoridades de seguridad pública estatales y federales encabezadas por el gobernador del estado y personal militar, pero están ausentes otras autoridades del sistema de justicia penal que gozan de autonomía e independencia como el Poder Judicial y la Fiscalía, así como aquellas que se enfocan en la atención de víctimas. Además de que no hay participación ciudadana.

También se han instalado mesas de carácter ciudadano convocadas por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la participación del titular del Ejecutivo es escasa.

Se observa también que el actual fiscal general del estado presentó un Plan de Persecución Penal y que las regiones en las que operativamente se organiza la institución son cuatro: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. 

En las cuatro zonas se advierte que el delito de mayor recurrencia es la violencia familiar, seguida por lesiones, daño en las cosas (hechos de tránsito) y robos, según la región.

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de mayor incidencia en San Luis Potosí en 2022 fueron: robo, violencia familiar, daños a la propiedad, lesiones, amenazas y narcomenudeo. 

En homicidio doloso, la tasa por cada 100 mil habitantes es de 19.38 por ciento en 2022 (lo que representa 559 homicidios en términos absolutos). 

Comparándolo con el resto del país, San Luis Potosí está en el lugar 13 con mayor tasa. 

Y según el SESNSP, el municipio con el más alto índice de homicidios dolosos es la capital, con 250 carpetas de investigación por dicho delito. 

El narcomenudeo es otro delito que sobresale por su incidencia, pues ha tenido un crecimiento anual de 174 por ciento, al pasar de 423 casos en 2021 a mil 159 en 2022.

Nivel de confianza en las autoridades

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) el índice de confianza ciudadana hacia las instituciones del Sistema de Justicia Penal (SJP) en San Luis Potosí disminuyó  0.1 por ciento en 2022, ocupando el lugar 19 entre  todas las entidades federativas. 

Del análisis de confianza ciudadana por institución del sector justicia (policías municipales, estatal, ministerial, Guardia Nacional, Fiscalía estatal, Fiscalía Federal, Ejército, Marina y jueces), las instituciones que reportan un porcentaje de mucha confianza son las de orden federal: la Marina con 57.15 por ciento, seguida del Ejército con 51.66 por ciento y la Guardia Nacional con 37.52 por ciento. 

En el ámbito local se reporta que la institución más confiable son los jueces estatales con 16.96 por ciento de mucha confianza y 48.9 por ciento de algo de confianza.

Mientras que las que generan más desconfianza son la Policía Preventiva con 50.62 por ciento, la Policía Ministerial con 46.15 por ciento y el Ministerio Público con 45.47 por ciento, y entre las instituciones federales, la FGR con 36.82 por ciento de algo o mucha desconfianza.

Percepción de corrupción de las autoridades 

Por otro lado, sobre la percepción de corrupción de las autoridades de seguridad y justicia en San Luis Potosí, 74.8 por ciento de los potosinos considera que Tránsito es la institución de justicia más corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 65.1 por ciento y los jueces con 60.7 por ciento. 

Por el contrario, las instituciones que se perciben como no corruptas son la Marina con 80.8 por ciento, el Ejército con 75.1 por ciento y la Guardia Nacional con 67 por ciento.

Estos datos reflejan que las percepciones sobre confianza y corrupción están directamente relacionadas. Así, las corporaciones de seguridad federales (Marina, Ejército y Guardia Nacional) son las de mayor percepción de confianza y menor corrupción. 

En el extremo opuesto, Tránsito es la que genera menor confianza entre la ciudadanía y es percibida como la más corrupta.

Índice de impunidad

Con el Índice de Impunidad Estatal se mide el nivel de impunidad por la inefectividad de las instituciones de procuración e impartición de justicia sobre la comisión de delitos y su resolución. 

En 2022, la entidad potosina tuvo un índice de 98.6 por ciento, es decir, 2.3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 96.3 por ciento, con lo que se ubicó en el sexto lugar de los estados con mayor porcentaje de impunidad. 

Respecto a 2021, el índice aumentó 0.6 puntos porcentuales, pues en ese año fue de 98 por ciento.

Índice de impunidad por delito

El índice de impunidad es un reflejo de lo que ocurre con diversos delitos en lo particular, así, para la mayoría de denuncias por delitos como extorsión (97.6% de impunidad), robo simple (99.4%), despojo (99.5%), fraude (98.2%), abuso sexual (98.9%), violación (96.4%) y violencia familiar (99.8%) no se producen consecuencias jurídicas y por lo tanto quedan en la impunidad. 

Como se observa en el índice de impunidad por delito, los porcentajes en prácticamente todos los delitos de mayor incidencia en el estado están por encima del 95 por ciento de posibilidad de quedar en la impunidad. Y sólo en los casos de secuestro y violencia familiar la impunidad es ligeramente menor, con 90%.

También resalta que delitos de alto impacto que requieren de investigaciones complejas como el feminicidio (96.39%), extorsión (99.42%) y homicidio doloso (99.76%) queden en la impunidad en tan altas proporciones.