¿Usted ha solicitado algún crédito al consumo, como tarjeta de crédito, de vivienda, automóvil o nómina?; quizá una línea de crédito para financiar alguna operación empresarial o realizado algún trámite bancario que implique la revisión de su historial financiero.
Lo mas probable es que sí, aun si su solicitud fue aprobada o no.
No importa si el crédito solicitado es para adquirir una moto pequeña que le lleve a trabajar, una bicicleta para ejercitarse o repartir alimentos mediante alguna aplicación, tampoco si fue para ropa, una computadora o teléfono para la escuela, o bien muebles u ornamentos en alguna tienda departamental.
Tampoco si pertenece a la adelgazada clase media y requiere actualizar su automóvil, por pequeño o grande que sea, ir de vacaciones o renovar su menaje.
En cualquier caso, de haber solicitado algún crédito, usted ha dado su autorización, por voluntad propia y otorgando su confianza, para que se vea en el Buró de Crédito su historial y ha provisto toda su información financiera, datos personales como nombre, domicilio, ingresos, condición fiscal y mucho mas.
Pues resulta que esa información ha sido atacada (hackeada dicen en argot informático) y robada de la empresa privada que lleva la base que conocemos como Buró de Crédito, esa empresa que tiene la información por demás sensible de millones de personas.
Una vez robada, seguramente esa información se está vendiendo en red abierta, pero además en la red profunda, ¿a quién se le vende tal información?, al mejor postor y con los fines ilegítimos que tenga en mente quien la adquiera.
¿Debe preocuparle?, sí; yo lo estoy.
Las personas cuya información fue robada del Buró de Crédito nos encontramos, por ello, en una condición de vulnerabilidad, han fragilizado la seguridad de nuestra vida diaria; no es drama, ni usted ni yo sabemos con qué finalidad será usada la información por quien la compre.
Así que su integridad física, la de sus seres queridos y su patrimonio puede estar en riesgo.
¿Se pudo haber evitado tan desastrosa situación?
Sí, de haberse fortalecido la ciberseguridad.
La ciberseguridad es no sólo usa computadoras, se trata de un beneficio directo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, en temas específicos; la ciberseguridad es también un beneficio de la CTI que se consagra como derecho humano en nuestra carta magna.
Así de relevante es una Ley en materia de CTI; podría compensarse la ciberfragilidad que pone en riesgo toda una vida de trabajo y hasta la integridad de seres queridos de millones de personas.
La ciberseguridad incluye, entre otras materias en CTI, a la criptología y criptoanálisis, subdisciplinas de las ciencias matemáticas, también se incluyen ciencias computacionales y telecomunicaciones, supercómputo y cómputo cuántico; ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, teoría de caos y muchas áreas científicas mas.
CONACYT en cambio, ha fortalecido un discurso dislocado en contra del maíz transgénico, ha propiciado, sin evidencia científica contundente y definitiva, una pugna comercial que, de seguir como va, México perderá en los paneles temáticos relativos al TEMEC y, para colmo, es COFEPRIS, sin autoridad científica, quién será el ente oficial según el decreto antimaíz.
Ya se ha dicho en esta columna que no se trata de aceptar con los ojos cerrados lo que digan en el extranjero, sino de sustentar en conocimiento propio, en CTI, las resoluciones formales y oficiales; lo mismo sucede con ciberfragilidad.
La ciberseguridad es el caso e ilustra cómo el Estado Mexicano desatiende su obligación, en manos del ejecutivo federal y, seguramente, del legislativo si aprueba como está la iniciativa de reforma en materia de CTI.
No se confunda, es obvio que la empresa privada que maneja el Buró de Crédito tiene responsabilidad, pero también la tiene el Estado Mexicano toda vez que tiene la obligación de crear políticas públicas que protejan a las personas en México.
No es un asunto menor una reforma de ley en CTI, es de suma importancia.
