Ha trascendido que, el 6 de junio pasado, al menos el 33% de quienes ocupan curules en el Senado de la República han demandado, ante la SCJN, acción de inconstitucionalidad contra el decreto publicado el 8 de mayo, relativo a la ley general en materia de humanidades ciencia, tecnología e innovación, LGHCTI, y las reformas correspondientes, incluidas en ese decreto, a las disposiciones en un par de leyes.
La demanda para la acción de inconstitucionalidad presentada no significa resolución en algún sentido, el proceso quizá sea largo, desde la admisión de ésta hasta la discusión y sentencia por el pleno de la SCJN en los términos que resulte de manera definitiva.
No se sabe, pues, lo que resulte de todo ese proceso ni qué estrategias jurídicas, y sus efectos, tendrán los actos de las partes.
Lo que sí sucederá es que, en el ínterin, incrementará la incertidumbre en la comunidad de profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, de México; me explico, no sin decir que el siguiente análisis sólo es sobre los efectos de este asunto hacia la comunidad mexicana en CTI con base en documentos públicos.
Partiré del hecho que hay convocatorias abiertas para proyectos y programas federales en materia de CTI.
Uno que ejemplifica el incremento de incertidumbre es la convocatoria que recientemente ha publicado el Sistema Nacional de Investigadores, SNI; además de la incertidumbre, incrementará la ansiedad en las personas toda vez que el resultado de la evaluación en esa convocatoria impacta al ingreso, mediante una beca, de profesionales en la CTI nacional.
Para la convocatoria a membresía en el SNI, así como para otros programas, el reglamento aplicable está vigente desde 2022, es decir, antes de la fecha del decreto y de la demanda de acción de inconstitucionalidad, así que el reglamento el SNI se relaciona con una ley que está abrogada desde el 8 de mayo, salvo que la resolución de la SCJN la reviva, cosa que por ahora no se sabe.
Entonces, ¿A cuál ley se sujeta el reglamento del SNI? A la vigente, la aprobada y decretada en mayo pasado, pero quizá en unos días no sabremos a cuál.
De por sí ya hay ambivalencia por que la citada convocatoria refiere a la LGHCTI mientras que el reglamento vigente del SNI se ciñe a la abrogada ley en esta materia.
La pregunta anterior tendrá respuestas de mayor vaguedad si la SCJN admite la demanda, la procesa y resuelve sin términos exactos de efectos explícitos; depende de los términos en que se dicte en lo temporal o definitivo, de ahí la incertidumbre creciente.
Mientras, a quienes se les termina el convenio de beca este año y quienes busquen primer ingreso o reingreso no vigente deberán atender la convocatoria como está; deben ser, al menos, 10 mil profesionales de la CTI.
Si el tiempo corre, podríamos llegar a la siguiente convocatoria del SNI sin la claridad del marco jurídico completo; con otras 10 mil solicitudes de evaluación para sumar mas de 20 mil personas afectadas, la cifra podría llegar a 25 mil.
Profesionales de la CTI que atiendan esta convocatoria, y los resultados de su evaluación, se sujetarán a una u otra ley; deberá ser a la vigente en el momento específico, por ahora es la LGHCTI; pero, ante la posible reviviscencia de la ley previa puede haber confusión en las personas.
Una pregunta recurrente es ¿en cuál marco es que una evaluación podrá ser impugnada por alguna persona que hubiera resultado con evaluación contraria a sus intereses?, ya lo dije en la que esté vigente, pero ¿cuál es esa? Aun no se sabe.
Este espacio opina que la LGHCTI fue decretada desaseadamente, sin cumplir el parlamento abierto pactado en San Lázaro y con muchas irregularidades mas; consta en entregas previas, que esta columna opina que la LGHCTI no es conveniente a las necesidades del México que queremos.
A pesar de la incertidumbre, ánimo colegas, atiendan la convocatoria del SNI con los elementos cuantitativos sólidos que tengan, sacudan las telarañas, aquí seguiremos comentado.
