Es importante que el Poder Judicial de la Federación haya presentado una iniciativa para enfrentar el feminicidio. Pero recordarla en la voz del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, ha sido como un propósito para desviar la atención de las denuncias sobre el alto costo de ese poder. Zaldívar ha andado muy interesado en el problema e incluso estuvo en reclusorios compartiendo el tema con asiladas, pero ha hecho de lado que muchos casos en los que se ha demandado justicia, están parados dentro de su poder, o han sido minimizados. Eso a la par que el comportamiento de ese estrato del estado, ha dado pautas desde muchos juzgados para detener leyes del ejecutivo que tienen un fundamento de soberanía. La campaña de la derecha contra el Tren Maya apoyada por dinero extranjero, parece tener el respaldo de los jueces porque las primeras instancias son aviesas para dejar al gobierno desprotegido como también lo ha hecho con la ley eléctrica. La pobreza que genera la violencia, se expresa en el crimen, también en el de feminicidio, y aunque se hagan los omisos, tiene raigambre en la intervención del Poder Judicial. Todo obstáculo a que el país avance, detiene la justicia.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA TAMBIÉN PRECISA SUSTENTO ECONÓMICO
Los jueces que está bloqueando las iniciativas del actual gobierno, expresan posiciones políticas en lugar de jurídicas. A la par que su presidente impulsa iniciativas, tanto a este como a los jueces se les olvida que la violencia tiene su origen en el desequilibrio social y económico; en la pobreza. Y que los problemas que atañen al feminicidio, en cuyo fondo está un machismo exacerbado, de ideas y conceptos conservadores que generan violencia, no se tocan porque la misma sociedad está inserta: padres, hijos, hermanos, padrastros, las mismas religiones con su atingencia hacia los violadores a través del perdón. Un poder judicial cuyas resoluciones alejan ese equilibrio contribuye a exacerbar esa desigualdad social que crea la violencia. No se pueden zafar aunque quisieran. Si Zaldvar cree que enarbolar un tema tan terrible como es el feminicidio que tiene tantos contextos, va a elevar la prevalencia de su poder a unos meses de que lo deje en circunstancias cuestionadas, está equivocado. El problema es complejo como se señala arriba y deben de ser todos en conjunto los que participen en resolver ese gran problema. Criticar lo que se hace en torno al feminicidio desde el gobierno, mientras a su vez su poder es expuesto como abusivo en un contexto de grandes necesidades y de pobreza, pone mal parado al ministro y sus buenas cartas las está echando por la borda. No son “baratas” las críticas de que los del Poder Judicial viven como reyes ¿habrá hecho el ministro un comparativo de sus 284 mil mensuales más los anexos, con lo poco mas de 4 mil pesos que gana en el mismo tiempo un albañil?
LA INICIATIVA DEL PODER JUDICIAL TIENE INCONSISTENCIAS: ONG
El pasado 6 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso, con el fin de enfrentar el feminicidio desde todos los ángulos. El propio presidente de ese cuerpo judicial Arturo Zaldívar presentó el proyecto con ánimo de que alguien lo incorpore como iniciativa ante el hecho de que ese poder no tiene facultad para presentarla. Puede ser en todo caso alguno de los partidos, el que la introduzca como propia. En algunos medios se mencionan observaciones muy serias a la iniciativa, entre otros colectivos las del Observatorio Nacional del Feminicidio. No se sabe si se profundiza en los problemas mencionados en párrafos anteriores: el esquema social que vive México y que debe ser el que se enfoque. Buscar formas diversas de prevención ante todo. Hay que impedir que se llegue al crimen. No hay que olvidar la intervención incluso de jueces que rechazan los crímenes que tienen la característica del feminicidio para darles una tipificación de homicidio, mostrando aunque indirectamente su misoginia. En algunos estados ha habido resistencia a imponer el tipo. Eso si, muy avezados para castigar el aborto. Esas resistencias son parte de los problemas sociales que enfrentan las mujeres, el machismo elevado a la toga judicial, como está presente en muchos sectores del país. Las leyes en todo caso son importantes medios de control, aunque la amenaza de la pena no asuste a muchos feminicidas.
