El valor de la palabra es inmenso y desde la boca de los políticos influyentes tiende a convertirse en ley, aun cuando carezca de fundamentos para su aplicación general o puede ser un factor de pérdida de confianza.

De gira por el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el tema de la jubilación. Su intención, al menos aparente, fue para quitar presión a quienes lo perciben con ansias inmensas de perpetuarse en el poder, que lo puede hacer sin necesidad de estar presente como gobernante, incluso lo haría cómodamente desde Tabasco y sin necesidad de que los opositores a su gestión lo tengan que remitir al sitio con el que se nombra su rancho.

El tema es, sin duda polémico, porque plantea diversas preguntas que implican una transformación -ahí sí- de la realidad nacional y porque para alcanzar la condición de jubilado en nuestro país se debe cumplir con diversos requisitos que él no cubriría a plenitud, a menos que se tuerza la ley o se alcancen las condiciones financieras y normativas que necesariamente tendrían que ser iguales para todos los mexicanos. Pero lo más importante en su caso, es que deberá transparentar su hoja de vida.

De entrada, deberá justificar si cuenta con los ahorros suficientes para disfrutar de su retiro y, más todavía, comprobar que éstos sean de procedencia lícita.

Luego, tendría que exhibir las aportaciones que hizo como trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Que se sepa, su desempeño laboral formal ha sido escaso y transitorio. Se recuerda su paso por algunas instituciones del sector público en el ramo del consumidor, en el gobierno de la CDMX y ahora la Presidencia de la república; aunque también ha desempeñado cargos de corta estancia en el PRI, el PRD y en Morena. Como Presidente de la república podrá justificar 312 semanas cotizadas.

Si busca la jubilación por el IMSS, cumpliría con el tema de la edad: más de 60 años, aunque tendrá que determinar bajo cuál Ley del Seguro Social está afiliado, porque hay diferencias entre la 1973 y la de 1997. En la de 1973 debe cumplir con 500 semanas cotizadas, mientras que en la de 1997 se exigen 1,250 semanas de cotización; además de estar registrado en un fondo de pensiones.

En el caso del ISSSTE, que es a lo que más se acerca, se requiere que el trabajador también haya cumplido 65 años (sin problema) y que tenga reconocidos un mínimo de 25 años de cotización, lo que no se ve sencillo de satisfacer, a menos de que él tenga “otros datos”.

Sin embargo, las cosas no pueden ser tan simples como se puede pretender a través de un discurso político. De acuerdo con la CONSAR, el organismo encargado de administrar el Sistema de Ahorro para el Retiro, en este 2021 cuando las Afore cumplan 24 años, solamente el 24 por ciento de los trabajadores que han cotizado sin trampas con este esquema alcanzarían las 1,250 semanas requeridas y entre ellos se quisiera incluir el ciudadano presidente al término de su gestión, aprovechando que se acaba de reformar la Ley de Pensiones.

Recordemos que esta reforma incorporó tres beneficios principalmente: primero, se incrementa hasta un 15 por ciento la aportación al SAR, donde la carga principal la tendrán los empresarios que sobrevivan a la crisis vigente; el segundo, es que se baja el número de semanas cotizadas a 750 semanas; y tercero, que el gobierno establece que el monto de la pensión mínima garantizada será de 4,345 pesos, lo que tendrá vigencia parcialmente a partir del año 2024.

Si el pez por la boca muere, los políticos también. En este sexenio se cancelaron las pensiones del orden de 205 mil pesos mensuales y los diversos privilegios en materia de seguridad y servicios de que gozaban los expresidentes y que tenían carácter vitalicio. Esa fue una gran decisión, pero…

¿Cómo y con qué se jubilará el presidente si ya cerró el paso a ese beneficio y, al parecer, no cumple con todos los requisitos a los que estamos obligados todos los mexicanos?

La ruta plantea que no solamente tendrá que cumplir su palabra como “maderista”, por aquello de Sufragio Efectivo No Reelección que mencionó en medio de los calores del estado de Guerrero; sino que de ser congruente, tendrá que cumplir con la sentencia juarista de que “Los funcionarios públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado” y que en materia de jubilación presidencial “ya no es como antes”.

Si no se presentan “otros datos”, es muy probable que Andrés Manuel López Obrador tendrá que acogerse a la pensión del Bienestar para Adultos Mayores que, si bien entre 2018 y 2021 se ha duplicado, en este año proporcionará” 2 mil 700 pesos bimestrales a cada uno de los más de 8 millones de “viejitos” existentes en el país para subsidiar su subsistencia y lealtad.

A ver si a la hora de enterarse que para ser jubilado el camino no solamente es complejo sino que la retribución que se obtiene es más modesta que lo que hoy obtiene como residente del Palacio Nacional y, para peor, nada tiene que ver con el discurso político.

En una de esas, manda al diablo al programa institucional de pensiones para los adultos mayores, aunque lo más probable es que le cambiará el nombre a su rancho para no tener que vivir la jubilación en su nueva realidad.

@lusacevedop