CANCÚN, QRoo, 3 de mayo de 2021.- Representantes de comunidades ejidales de Campeche denunciaron públicamente a la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para negociar el pago histórico por derechos de vía, de cometer delitos y violaciones a derechos humanos en su contra.
Quadratín Quintana Roo En carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por decenas de organizaciones de la Península de Yucatán, los ejidatarios de los municipios campechanos de Escárcega y Candelaria piden que la Fiscalía General de la República dé entrada a las denuncias penales correspondientes por las anomalías cometidas en el tramo número 1 del trayecto del Tren Maya.
Entre los delitos mencionan los de fraude y extorsión y explican que la forma de operar es identificarse como representante legal de Barrientos y Asociados, ganarse la confianza de los representantes y negociar el pago de una supuesta indemnización para posteriormente exigir la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la misma empresa.
“El argumento es que dicha cantidad corresponde al pago por servicios profesionales, bajo amenaza de que, de no acceder, se nos denunciaría ante las Asambleas ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente”, explican en la misiva. Añaden que esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto “Tren Maya”, y cuyo común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados.
“En todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales”. Asimismo, indicaron que el año pasado presentaron dos demandas de amparo. La primera en contra del llamado “Proceso de reubicación consensuada” por medio del cual se les pretendía desalojar, y la segunda en contra de las vías del tren, “por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del Tren a alta velocidad”.
En ambos casos no obtuvieron respuesta de los juzgados sobre el estado de sus demandas por lo que solicitan como representantes ejidales recibir garantías de protección y seguridad por parte del Estado mexicano, “en tanto somos personas defensoras de derechos humanos ambientales”.
