La magistrada Denisse Porras Guerrero indicó que los actores políticos deben cuidar los discursos contras las instituciones electorales, ya que pueden poner en peligro la democracia.

Lo anterior debido a que el presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, la candidata a la Gubernatura Mónica Rangel Martínez, y Xavier Nava Palacios advirtieron que interpondrán un juicio político contra integrantes del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP) debido a la revocación de la candidatura por la alcaldía capitalina de este último.

La magistrada dejó en claro que el Tribunal Electoral es respetuoso de las posturas y derechos de la ciudadanía a interponer medios de defensa que consideren pertinentes, y recordó que es un organismo jurisdiccional que tiene como competencia dirimir controversias.

«Es evidente que al no verse favorecido con un fallo, la parte que se siente perjudicada puede tener una serie de reacciones, y eso en el cauce legal e institucional es hasta cierto punto normal», señaló.

Sin embargo, aclaró que deben ser sumamente cuidadosos en el tono del discurso político, ya que el ataque a las instituciones electorales es pernicioso. Por lo que estas deben ser protegidas, debido a lo mucho que le ha costado a la ciudadanía por crearlas y mantenerlas.

La magistrada reiteró que, tanto actores políticos, autoridades electorales, medios de comunicación y la propia ciudadanía, tienen la responsabilidad y el compromiso de cuidar que el proceso electoral se «lleve a buen puerto en un clima de civilidad, de respeto y absolutamente democrático».

Respecto a las acusaciones de Morena de que la decisión emitida por el TESLP no estuvo «apegada a la imparcialidad ni a la legalidad”, la magistrada señaló que la decisión se tomó al defender la Constitución y la legalidad. Además de que no se emiten resoluciones de oficio, sino que varios partidos políticos interpusieron medios defensa en contra del dictamen de procedencia de la planilla encabezada por Nava Palacios.

«Nosotros no hicimos más que darnos a la tarea de estudiar esos agravios planteados por los recurrentes, y encontramos que eran esencialmente fundados y suficientes para revocar ese dictamen», comentó.

De igual forma, recordó que la cadena de impugnación continúa con la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que su sentencia es la que debe respetar al final del proceso.