El catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Manuel Gerardo Zulaica Mendoza, indicó que es difícil que San Luis Potosí y México reduzcan sus niveles de pobreza laboral debido a la falta de acción del Gobierno para implementar nuevas políticas que permitan a la población aumentar su poder adquisitivo; en el caso de San Luis Potosí, de 2020 a 2021, se pasó del 43 al 44.3 por ciento de la población que cuenta con ingresos inferiores al costo de la canasta básica.

Esto después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que México incrementó 5 millones más de personas cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria.

No obstante, para el catedrático estos indicadores no son suficientes, y es más probable que más de la mitad de la población potosina viva en pobreza laboral, pues explicó que esta es cuando la gente no cuenta con los recursos para vivir de manera digna, es decir, viven precariedad en vivienda, alimentación, educación, vestido, entre otros aspectos.

«Carecer de cualquier tipo de requerimientos actuales, incluso en materia de distracción», comentó.

Explicó que si el gobierno redujera el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 16 al 8 por ciento bajarían los precios y la gente tendría un mayor poder adquisitivo, a la vez que los empresarios deberían bajar sus precios ante la disminución del costo de las materias primas, al ser un efecto multiplicador.

«De esta forma, de manera inmediata se podría generar un mayor consumo y al tener un mayor consumo, automáticamente disminuye la pobreza laboral porque la gente puede adquirir más con lo que gana», señaló.

Otra opción podría ser a través de la productividad.

Zulaica Mendoza, indicó que si el gobierno actual eligiera poner mayor atención a la educación, los modos de producción, la ciencia y la tecnología, el país contaría con modos de producción que generarían más con lo mismo.

Para esto se requiere una tríada entre el gobierno, universidades y sector privado, para generar investigación y desarrollo, que lograrían generar mayor competitividad y crear empresas nacionales, que podrían traer mejores ingresos.

Sin embargo, debido a las políticas implementadas hasta el momento por los gobiernos, no son escenarios que se vean cercanos a implementar.