La Secretaría del Bienestar en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE) implementarán el programa de Blindaje Electoral, que buscan impedir el uso de los programas sociales a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios imparcialidad y equidad durante los procesos electorales.
Dentro de los lineamientos se establece que en el caso específico de San Luis Potosí se competirá por la Gubernatura del Estado, por 27 Diputaciones locales, 58 Presidencias Municipales, 64 sindicaturas y 387 regidurías en el estado.
Dichos lineamientos van dirigidos a personas servidoras públicas del sector Bienestar, además, a personas beneficiarias de los programas sociales y a la ciudadanía en general, para informar de las actividades que pudieran significar una falta en materia electoral.
Dicho programa será difundido mediante la distribución y divulgación de materiales y leyendas alusivas a las faltas en materia electoral, será a través de correo electrónico institucional, recibos de pago del personal, página de intranet y de internet de la Secretaría del Bienestar que se informará de dichas actividades.
Asimismo, existirá una plataforma de consulta para los servidores públicos de la dependencia, con la finalidad de despejar cualquier duda del programa y evitar alguna sanción en materia electoral contra estos.
Las acciones que se incluyen dentro de estos lineamientos señalan en la suspensión de propaganda gubernamental a partir de la fecha de inicio de las campañas electorales 5 de marzo y hasta la conclusión de la jornada electoral 7 de junio en todos los medios de comunicación social, con excepción de servicios educativos y salud, así como los de Protección Civil.
Se plantea la suspensión de reuniones masivas con beneficiarios de los programas sociales, salvo los que impliquen entrega de apoyos previamente calendarizados y conforme las reglas o lineamientos de operación de la Secretaría.
Asimismo, se suspenden las altas, bajas y cambios en el padrón de beneficiarios de programas sociales, que se deberá suspender desde el inicio las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, por lo cual las altas en los programas sociales podrán ser hasta el día después de la jornada electoral, el 7 de junio de este año.
Otra de las medidas, será la verificación de resguardo de inmuebles y vehículos 48 horas antes y durante el día de la jornada electoral, para evitar que los recursos institucionales del sector de Bienestar sean utilizados o vinculados a fines distintos a los comúnmente utilizados.
Los lineamientos señalan que quienes incurran en algún delito podrían hacerse acreedores a 200 o 400 días de multa y prisión de dos a nueve años, asimismo establece que a partir de la reforma al artículo 19 constitucional, el uso de programas sociales con fines electorales es un delito grave cuya comisión amerita prisión preventiva oficiosa.
Es mediante estos lineamientos que la Secretaría del Bienestar buscará protegerse de los posibles señalamientos por la entrega de programas sociales, que busquen beneficiar a algún partido político, así como evitar sanciones en la materia.
