De las instituciones democráticas en México, el Congreso de la Unión representado por los diputados y los senadores, aunque resultan fácilmente identificables, se puede decir que su labor está muy alejada de la ciudadanía.

Se sabe que sus salarios son mucho más elevados que los del promedio de los trabajadores más productivos del país, su nivel de eficiencia y productividad son de los más bajos en el plano internacional. Muy pocos son expertos en los asuntos que se desarrollan en las comisiones en las que participan y su labor se mide en su capacidad para estar presentes en los momentos de las votaciones que interesan no a sus representados (que es el pueblo) sino a sus líderes y si es la del Presidente, el fanatismo se desborda.

No hay diferencias por partido o programa político. Lo importante es estar para hacer valer al sistema o modificar la estructura, aunque sea perjudicial para la familia misma. Así ha sido prácticamente desde el siglo XIX y si en ochenta años del siglo XX mostró algunos matices luminosos ahora, en la segunda década del XXI, se esfuerza por recrear lo peor del pasado.

La historia bien aprendida recuerda que el régimen porfirista abrió paso a la consolidación presidencial y a la disminución de la influencia política del Congreso y era la voz del Ejecutivo federal la determinante. Durante la Revolución mexicana, el Congreso recuperó su papel protagónico en la construcción democrática de nuestro país y dio paso a la Constitución de 1917 que hoy es objeto de mutilaciones aberrantes a través de un Congreso frívolo e ignorante que con sus acciones irracionales se diluye en favor de una transformación política centralista y contraria al progreso nacional y a la democracia.

Así, a lo largo de 24 meses, el Congreso mexicano ha validado más de un centenar de reformas constitucionales, muchas más que las impulsadas durante todo el sexenio de Vicente Fox Quesada.

La bancada de Morena y sus aliados (PT, Verde Ecologista y PES) disponen de mayoría simple en las dos cámaras legislativas, pero sólo mayoría calificada en el Senado de la República y es con ese arsenal que han aprobado buena parte de las reformas constitucionales sin votos de la oposición.

Prácticamente todas las propuestas del presidente López Obrador han sido aprobadas. De ellas, sobresalen la reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional con la que se militarizó al país y se incumplió la promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, las reformas sobre extinción de dominio y la preventiva oficiosa entre otras más que, como las promovidas para el combate a la corrupción, no han dado resultado pero resultan más eficaces para el control político que para el bienestar social.

En materia económica si bien se ha optado por la estabilidad macroeconómica, ha sido en perjuicio de la inversión privada, la producción y el empleo formal. Se ha privilegiado al asistencialismo y la informalidad productiva que derivó en la propuesta del Senado para romper la autonomía del Banco de México a fin de captar divisas provenientes de la delincuencia organizada y legalizar el lavado de dinero, entre otras.

A pesar de los nefastos efectos de la pandemia el Paquete Económico para 2021 se aprobó tal como la mandó el presidente López Obrador, al grado que en el documento no hay referencias las consecuencias de la COVID-19, la vacunación, la recuperación o eventualidades económicas.

La gestión de los miembros del Congreso, sean diputados o senadores, resulta deplorable por su ignorancia en el tratamiento de los temas puestos a su consideración y la frivolidad para su tratamiento y aprobación, al grado que ante la reprobación de la opinión pública, se han visto obligados a recular en sus decisiones.

Contraria a la popularidad presidencial, la confianza y el respeto hacia los legisladores es deplorable y, por la mediocridad o el fanatismo de sus acciones, se deteriora su legitimidad, lo que es muy grave porque el Poder Legislativo representa la pluralidad de un país y dar voz a la ciudadanía.

Y eso no ayuda al presidente ni a su pretendida transformación, más cuando los cambios se basan en decisiones frívolas y basadas en la ignorancia de los legisladores de la mayoría en el Congreso, cuya cualidad (si así se le puede llamar a la mezquindad) es su lealtad ciega.