San Luis Potosí, lunes 14 de abril de 2025.- Entre 2019 y 2025 se emitieron un total de 159 Alertas Amber en el estado, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General obtenida a través de su unidad de transparencia. Estos reportes corresponden a menores de edad desaparecidos, en situaciones donde su integridad y vida estaban en riesgo.

La distribución anual muestra variaciones notables: en 2019 se registraron 13 casos, mientras que en 2020 subieron a 27. En 2021 fueron 30, y en 2022 descendieron a 24. Durante 2023, el número fue de 19, mientras que 2024 se convirtió en el año con mayor cantidad de alertas, con 41 casos. En lo que va de 2025 se han activado 5.

En cuanto al perfil de las personas reportadas, todas las alertas involucraron a menores entre 0 y 17 años. La mayoría de los casos corresponden a niñas, aunque también se registraron reportes de menores masculinos, lo que plantea la necesidad de estrategias diferenciadas para atender cada situación.

El análisis mensual permite identificar momentos del año con mayor incidencia. Enero destaca con un número considerable de reportes en varios años, marcando un inicio de año especialmente activo. Los meses de marzo y julio también registraron picos, con agrupaciones de dos o tres alertas en ciertos periodos. Septiembre y octubre presentaron concentraciones relevantes, lo que sugiere factores estacionales o de contexto social que podrían influir.

Sobre el estatus de los casos, el informe señala que la mayoría de los menores fueron localizados con vida. Sin embargo, persisten 63 casos en estado pendiente y 9 situaciones en las que se reportó que la persona fue hallada sin vida.

El documento también detalla cómo funciona la Alerta Amber. Este protocolo se activa cuando un menor está desaparecido y existe evidencia de un riesgo inminente para su integridad. Para ello, se elabora una ficha con información clave, como características físicas, vestimenta y otros datos útiles para su localización. Para que proceda la alerta, deben cumplirse tres condiciones: que la persona afectada sea menor de 18 años, que se cuente con información suficiente sobre el hecho y que la investigación confirme el riesgo inminente. Cuando no se cumplen estos criterios, las autoridades recurren a otros mecanismos de búsqueda.

Este balance permite dimensionar el comportamiento de las desapariciones de menores en el estado en los últimos años y las acciones emprendidas a través de este mecanismo.